El Gobierno oficializó en los últimos días el inicio del proceso para desprenderse de su participación accionaria en cuatro empresas: la compañía de servicios de agua y cloacas AySA, los ramales del tren Belgrano Cargas, la transportista eléctrica Transener y la compañía de servicios aéreos en tierra Intercargo. También avanzó con la licitación de concesiones por peaje de algunas autopistas y rutas operadas por Corredores Viales, así como con proyectos para construir, operar y mantener nuevas líneas de alta tensión, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema eléctrico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que estas iniciativas permitirán fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) con el ingreso de divisas, un punto débil que todavía exhibe el programa económico.
A ese listado de activos, el Gobierno podría sumar en los próximos meses la licitación de las centrales hidroeléctricas del Comahue (El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila), cuya concesión debía resolverse en 2023, pero fue prorrogada varias veces y está más demorada de lo que se preveía.
Las “joyas” del Estado que Caputo busca capitalizar están, sin embargo, lejos de generar ingresos similares a los de las privatizaciones de los años 90. En aquella década, durante el gobierno de Carlos Menem, el Estado recaudó más de US$12.000 millones a valores actuales, a partir de la venta de empresas de telecomunicaciones y energía.
En la actual gestión de Javier Milei se creó la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, para llevar adelante el proceso de privatizaciones. En total, el Estado podría recaudar alrededor de US$1000 millones a partir del año próximo, si tiene éxito en todas sus iniciativas.
Hasta el momento, solo se concretó una venta: la metalúrgica mendocina Impsa. La estadounidense Arc Energy adquirió el 85% de las acciones, que estaban en manos del Estado (63,7%) y de la provincia de Mendoza (21,2%), por US$27 millones, y asumió además una deuda de US$576 millones con acreedores internacionales.
El mayor ingreso potencial de divisas podría provenir de AySA, la empresa que fue privatizada en 1993 en favor del Grupo Suez y reestatizada en 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
Aunque no tiene balances auditados, según datos oficiales, en 2024 logró por primera vez en años un resultado neto positivo, con una ganancia de US$45 millones. Si se aplica una valuación equivalente a 10 veces su Ebitda (resultado operativo antes de intereses, impuestos y amortizaciones), el precio máximo de venta rondaría los US$450 millones. El Estado posee el 90% de la empresa, y el 10% restante está en manos de sus empleados.
La intención del Gobierno es vender, en una primera etapa, al menos el 51% del capital accionario, en un proceso que podría demorar más de ocho meses. De concretarse, el Estado podría recaudar alrededor de US$300 millones.
Otro caso similar es el de Transener, donde el Estado posee, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), una participación indirecta del 26,32%. La compañía está valuada en el mercado en más de US$600 millones, por lo que el Gobierno estima que podría obtener unos US$150 millones por su parte.
Tanto en AySA como en Transener, como ofrencen servicios regulados, uno de los principales desafíos será convencer a los inversores de que en los próximos años se cumplirán las actualizaciones tarifarias, tras dos décadas de congelamientos que violaron los marcos regulatorios.
En el caso del Belgrano Cargas, el diagnóstico es unánime: se trata de una empresa fuertemente deficitaria. “Lo mejor que puede lograrse con la privatización es que alguien la gestione mejor, pero difícilmente alguien pague por quedarse con ella. Lo ideal sería una buena concesión que mejore su operación”, sostuvo una fuente con conocimiento del tema.
El Gobierno ya definió que la empresa será dividida en tres unidades de negocio y luego disuelta. La privatización se estructurará en tres segmentos: material rodante, corredores ferroviarios e infraestructura de soporte, como talleres y edificios. Lo recaudado por la venta del material rodante se destinará a un fideicomiso para financiar mejoras en las vías a concesionar.
El Gobierno además analiza desprenderse de activos en otras empresas públicas, como el Banco Nación y la compañía de telecomunicaciones e infraestructura digital Arsat. En el caso del banco, la idea es replicar el modelo de YPF: listarlo en la Bolsa, mantener una participación estatal y conservar el control de la compañía.
En el Gobierno también sigue estando la idea de volver a privatizar Aerolíneas Argentinas, aunque todavía no tuvo la aprobación del Congreso para proceder con esa opción.
En el sector energético, Enarsa también tiene participación en varias centrales térmicas por las que empresas privadas han mostrado interés para comprar. Entre ellas figuran las centrales General Belgrano, Vuelta de Obligado y Almirante Brown, en Buenos Aires, y José de San Martín, ubicada en Timbúes, Santa Fe.
