Manifestantes que se movilizaban este jueves por la noche frente a la sede central de Ueno Bank en la avenida Palma de Asunción del Paraguay repudiaron y expulsaron este jueves al excandidato presidencial y líder del movimiento Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, cuando intentó sumarse a la protesta contra el Gobierno de Santiago Peña por la intervención de la entidad financiera.
Un grupo de personas encaró e increpó a Cubas apenas lo identificó. Los vecinos le cerraron el paso para obligarlo a irse al grito de “divisor” y “oportunista”. Al mismo tiempo, le reprocharon por querer aprovechar la situación para sacar un rédito político de la indignación popular.
Entre los reclamos, la multitud recriminó al líder de Cruzada Nacional su responsabilidad en la composición actual de la Cámara de Senadores de Paraguay. De acuerdo con el medio local Diario Hoy, los manifestantes le cuestionaron haber llevado en sus listas legislativas a figuras como Zenaida Delgado y Javier Vera, alias “Chaqueñito”, quienes al poco tiempo de asumir se incorporaron a las propuestas del oficialismo de Santiago Peña.
La situación, en la que llegaron a tirarle agua en el rostro y cuerpo, además de revolearle botellas mientras le gritaban, se produjo en el marco de la concentración frente a las oficinas de Ueno Bank cerca del Congreso paraguayo, mientras los ahorristas reclamaban en las puertas de las sucursales, y quemaban tarjetas de débito y crédito. Finalmente, el excandidato se retiró entre empujones y una multitud que lo escoltó.
La crisis financiera y política
De acuerdo con las denuncias de la oposición, el colapso financiero de Ueno Bank involucró un manejo irresponsable de fondos públicos y graves irregularidades internas. Hacia mediados de 2026, los depósitos del Estado en la entidad superaban los US$860.000.000, destacándose los US$345.000.000 pertenecientes al Instituto de Previsión Social, con fondos destinados al pago de jubilaciones.
Además, auditorías del Banco Central descubrieron que la entidad dio préstamos millonarios a sociedades de sus propios dueños por encima de los límites legales permitidos sin que el Banco Central aplicara sanciones efectivas a tiempo.
La situación estalló cuando el Central dispuso la intervención formal de la entidad tras comprobar que los ajustes contables dejaron su solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley.
La medida derivó en la detención de ocho directivos y desató una profunda tormenta política que culminó con un intento de renuncia del presidente Santiago Peña en medio de un inminente juicio político, salpicado por sus estrechos vínculos históricos con Ueno Bank.
Juicio político
La crisis institucional escaló de forma acelerada luego de que fracasara por falta de quorum la sesión bicameral convocada para tratar la dimisión formal que Peña había presentado para intentar desactivar el proceso.
Al no aceptarse su salida, el Congreso habilitó el avance del juicio político, un escenario consolidado tras la aprobación unánime de la acusación en la Cámara de Diputados y el quiebre de los apoyos dentro del oficialista Partido Colorado, cuyo titular, Horacio Cartes, respaldó la medida, en sintonía con la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera.
En este marco, este viernes el jefe de Estado solicitó formalmente una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. A través de una nota enviada al presidente del Congreso, Basilio Núñez, y de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario advirtió que un plazo inferior a 12 horas resulta “insuficiente” para garantizar las garantías mínimas del debido proceso en un Estado de derecho.
Por su parte, Núñez adelantó que la tendencia en la Cámara alta es rechazar el pedido al argumentar que el país no puede permanecer “con un Parlamento que funcione en piloto automático” ante la acefalía virtual del Ejecutivo.
De este modo, el Congreso ratificó su intención de continuar con el juicio político para definir la destitución, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra el presidente para determinar eventuales responsabilidades en la supervisión de la entidad y la asignación de recursos públicos.
