El juez federal Sebastián Ramos procesó al dirigente social Juan Grabois por liderar la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en junio del año pasado, y lo embargó por $5.000.000. Le atribuyó los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.
El juez dio por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al lugar —que estaba cerrado y custodiado— y luego alentó la permanencia pese a la orden de desalojo transmitida por la Policía, que llegó al lugar después.
El procesamiento, dictado el viernes, alcanza también al militante Valentín Peralta, que fue embargado por un millón de pesos.
El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado 7 de junio de 2025. Un grupo de exempleados, acompañados por distintos dirigentes políticos, como Grabois, tomó la sede, ubicada sobre la calle Austria, en el barrio de Recoleta, en protesta contra su cierre, el despido de sus empleados y una “posible” venta del edificio. Lo hicieron a través de Un Café con Perón, el bar lindero, que está conectado con el Instituto por una puerta.
De la toma -una “permanencia pacífica”, según los manifestantes- participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho.
Los manifestantes fueron desalojados un par de horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, que despejaron el edificio y la esquina y se llevaron detenido al dirigente, en medio de empujones y forcejeos.
Al ser indagado por el juez, a principios de mes, Grabois evitó declarar, pero se desligó del ingreso al lugar en un descargo que presentó su abogado, Nicolás Rechanik.
En el escrito, el dirigente sostuvo que llegó en calidad de abogado de una cooperativa y solo para mediar “institucionalmente”.
El juez no dio crédito a esa versión. Dijo en su resolución que los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar, luego avanzando por el pasillo que conectaba con el Instituto y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.
“Dichas imágenes resultan elocuentes para desvirtuar los dichos de esa parte en tanto sostuvo que habría concurrido al establecimiento en su rol de abogado y con posterioridad al ingreso de los manifestantes”, dice Ramos en su resolución.
Valoró especialmente que el dirigente social hubiera posteado en sus redes sociales un mensaje convocando a “defender” el Instituto, que, según dijo, había sido “usurpado” por el “gobierno oligarca”.
En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano, en el rol de querellante.
Tras el procesamiento, el frente Patria Grande emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “mamarracho jurídico”. “No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido”, sostuvieron.
La referencia alude al sobreseimiento que el juez Ramos ordenó sobre todas las personas que fueron investigadas por el viaje a Lago Escondido, incluido el ahora ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El descargo también asocia el procesamiento de Grabois con el llamado a indagatoria de José Luis Espert, una causa que tramita en San Isidro y se inició con una denuncia del dirigente.
“No hay dudas de que lo de Espert es solo la punta del iceberg de una red de lavado de dinero que, en caso de avanzar la investigación, se llevará puesto unos cuantos más”, dijeron.
