La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal tras una serie de informes médicos, psicológicos y psiquiátricos que recomendaron que el imputado continúe su tratamiento en un entorno familiar.
El abogado penalista sanjuanino Gustavo De la Fuente, uno de los principales acusados en el juicio federal por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de San Juan.
La decisión fue adoptada por el juez Daniel Doffo, quien hizo lugar a un planteo presentado por la defensa del letrado, integrada por los abogados Fernando Castro y Jorge Olivera Legleu. La resolución se basó en informes médicos, psicológicos y psiquiátricos que analizaron el estado de salud del imputado, según confirmó una de las fuentes del caso.
Pese a la oposición de la fiscalía, representada por Fernando Alcaraz, el magistrado del juicio otorgó la medida coercitiva.
De acuerdo con lo informado por la defensa, también intervino el Servicio Forense de la Nación, cuyos especialistas concluyeron que el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas no era el ámbito más adecuado para el tratamiento de De la Fuente. En consecuencia, recomendaron que continúe bajo cuidados en un entorno familiar para preservar su equilibrio psicofísico.
«Todos los profesionales coincidieron en que la mejor manera de conservar su equilibrio psicofísico es que permanezca en su domicilio junto a su familia», sostuvo Castro al confirmar la medida judicial.
La resolución se conoció en medio de un juicio que ha generado fuerte repercusión en la provincia. De la Fuente comparte el banquillo de los acusados con el comerciante colombiano Jhon Sebastián Quevedo Medina, ambos señalados por la Fiscalía Federal como integrantes de una organización que habría captado y explotado sexualmente a decenas de mujeres a través de la firma denominada «Belle Argentina».
Según la acusación impulsada por el Ministerio Público y la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano, la estructura funcionó entre 2022 y 2024 bajo la fachada de una agencia de modelaje webcam. La investigación sostiene que al menos 37 mujeres fueron sometidas a distintas formas de explotación aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica y social.
Durante las últimas audiencias declararon varias presuntas víctimas mediante el sistema de Cámara Gesell, una modalidad excepcional aplicada para evitar la revictimización. En paralelo, las defensas han sostenido que las mujeres conocían la naturaleza de las actividades que realizaban y que no existió privación de libertad ni engaño, argumentos que forman parte de la estrategia para rechazar la configuración del delito de trata de personas.
