Resulta preocupante la situación de niños que quedan atrapados en peleas de sus padres. En el orden judicial, tanto las demandas civiles como las penales que son las más habituales terminan involucrándolos, muchas veces las unas ligadas a las otras. Es sabido que, en muchos casos, los vaivenes judiciales pueden demorar las resoluciones que pongan fin a las disputas y que las consecuencias para los involucrados, particularmente las emocionales, se pagan caro, mucho más cuando se prolongan en el tiempo.
Ante la judicialización de un conflicto, los niños deben ser ante todo protegidos para no recibir los embates de la batalla que libran sus progenitores y que ellos no eligieron. Ya sea en la pelea por la tenencia, el régimen de comunicación y visitas o temas económicos. Incluso, ante una sustracción de menores, los hijos no pueden ser tomados como rehenes.
Si la voluntad de los padres no se expresa en el sentido correcto, será una clara posición de los abogados, peritos y magistrados la que salvaguarde el bien superior de los pequeños sin escatimar esfuerzos y con clara conciencia respecto de los efectos sobre ellos de cada decisión por tomar.
Vivimos tiempos en los que las denuncias de violencia familiar y abusos sexuales están a la orden del día, incluso las falsas.
El peso de las acusaciones puede obligar a que los jueces opten por dictar con urgencia medidas de protección o exclusión que en algunos casos lleve años resolver, aislando muchas veces a los pequeños de uno de sus padres o de su familia extendida.
Ante situaciones de manipulación, daño o uso de los hijos, dos proyectos que proponen crear un régimen integral de prevención, protección y reparación frente a la llamada “violencia vicaria” aguardan tratamiento en el Congreso.
Se recuerda el caso del médico Pablo Ghisoni, privado de su libertad durante tres años en un proceso judicial que incluyó denuncias de abuso sexual presentadas por su hijo, quien confesó haber sido manipulado por su madre para que mintiera. Acusaciones de este tipo roban años, destruyen familias y siembran desconfianza.
Si bien la ONG Infancia Compartida indicó que en un 54% de los casos judicializados en la provincia de Buenos Aires la figura del abogado del niño estuvo ausente, su presencia dando voz al deseo de los menores en el proceso judicial es clave. No debe confundirse con el rol del asesor de menores que solicita lo que, como adulto, cree mejor para el niño.
La cantidad de años que pueda alcanzar una disputa obliga a tomar todos los recaudos para que el niño esté siempre protegido a fin de minimizar las consecuencias que tendrán sobre su vida las decisiones de los mayores.
