PARÍS.– Ningún país vive las protestas masivas como Francia.
Cuando los franceses se rebelan contra los altos impuestos a los combustibles, se ponen chalecos amarillos y salen a marchar. Cuando los agricultores, indignados, reclaman mejores ingresos, cientos de ellos recorren los Campos Elíseos en tractores. Y cuando los trabajadores de los museos exigen una mejor gestión del turismo, hacen huelga y obligan a cerrar el Louvre.
La pasión por la protesta pública es tan francesa como La Marsellesa, el himno de 1792 que consagró en la identidad nacional el deber colectivo de luchar contra la tiranía. Sin embargo, este mes, las manifestaciones más violentas de los últimos años y la dura respuesta policial despertaron preocupación ante la posibilidad de que los disturbios eclipsen a los cientos de miles de manifestantes pacíficos que marchan contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.
Solo el sábado, al menos 2400 personas fueron detenidas después de que grupos de manifestantes violentos se enfrentaran con la policía en ciudades de toda Francia, incendiaran autos, irrumpieran en edificios públicos, saquearan comercios y envolvieran en llamas un histórico ayuntamiento. Y podrían producirse nuevas protestas.
“¿Cómo pueden los franceses hacerle esto a Francia?”, se preguntó el domingo el presidente saliente, Emmanuel Macron. Nada justifica la destrucción, agregó. “Todos sentimos ira y vergüenza”.
Sin embargo, cualquier estudiante de historia francesa sabe que la orgullosa, ruidosa y colorida cultura de protesta del país también ha desembocado en episodios de violencia, desde las decapitaciones del rey Luis XVI y María Antonieta durante la Revolución Francesa, que derrocó a la monarquía en 1789.
El nacimiento de una cultura de protesta
Los historiadores sostienen que fue durante la Revolución Francesa cuando nació la tradición moderna de entender la participación ciudadana como un deber cívico.
La idea es que votar no constituye la única manera de impulsar cambios. La manifestación se considera un valor fundamental, una herramienta para obligar a las élites a escuchar a la población y defender las libertades. El momento en que un niño se convierte en activista es visto como una especie de rito de iniciación transmitido de generación en generación. El derecho a protestar incluso cuenta con protección constitucional.
“Es una manera de construir una identidad colectiva y una comunidad política”, explicó Magali Della Sudda, directora de investigación en Ciencias Políticas del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), en Burdeos.
La historia francesa posterior a la Revolución no constituye una sucesión lineal de protestas y reformas, sino una serie de ciclos de levantamientos populares, represión, movilización y concesiones políticas.
En ocasiones, esa tradición tuvo consecuencias trágicas. En 1871, las tropas gubernamentales reprimieron brutalmente a la recién creada Comuna de París, una forma de gobierno municipal revolucionario, y, según las estimaciones, mataron a miles de personas.
En otros momentos, la acción colectiva consiguió sus objetivos. Así ocurrió en 1968, cuando las manifestaciones estudiantiles y una huelga general obligaron al gobierno a realizar concesiones, entre ellas un aumento del salario mínimo.
En la historia más reciente, los llamados “chalecos amarillos” (gilets jaunes, en francés) salieron a las calles para protestar contra un aumento previsto de los impuestos a los combustibles. El movimiento luego amplió sus reclamos e incorporó otras cuestiones, como el costo de vida y la desigualdad.
Algunas de las manifestaciones de 2018 y 2019 estuvieron marcadas por incendios de vehículos, saqueos y enfrentamientos con la policía. No es inusual en Francia que la violencia protagonizada por grupos minoritarios termine empañando marchas que, en su mayoría, son pacíficas.
De manera similar, las protestas estudiantiles del último fin de semana ampliaron sus demandas iniciales sobre la educación para incorporar otros reclamos y dejaron escenas impactantes de saqueos y choques con las fuerzas de seguridad.
No está claro cuántas de las personas que saquearon comercios habían acudido originalmente a participar de las manifestaciones, que convocaron a decenas de miles de personas, ni cuántas aprovecharon la situación para cometer delitos.
Las autoridades respondieron con toques de queda nocturnos, mientras surgieron convocatorias a nuevas movilizaciones para los días siguientes.
Los disturbios se produjeron, además, en un contexto político particular, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, que también funcionarán como un referéndum sobre el complicado segundo mandato del presidente Donald Trump.
Trump y destacados dirigentes republicanos intentan sacar rédito político de los disturbios generalizados en Francia mediante afirmaciones sin sustento que atribuyen el malestar social en Europa a los inmigrantes musulmanes.
Sin embargo, las autoridades y la policía no establecieron ningún vínculo entre los inmigrantes y los disturbios en Francia.
La violencia policial, señalada como causa de la desconfianza
Algunas de las fuerzas que impulsan las protestas del último mes responden a tradiciones francesas más recientes, según el politólogo Fabien Jobard, que estudió la historia de las manifestaciones y de la actuación policial.
Desde la década de 1990, Francia experimentó sucesivas oleadas de lo que los franceses denominan violences urbaines —violencia urbana— y que los estadounidenses llamarían disturbios, explicó Jobard.
Estos episodios suelen desencadenarse a raíz de la violencia policial. En 2005 estalló una ola de disturbios en todo el país después de que dos adolescentes murieran mientras huían de la policía. En 2023 volvió a ocurrir algo similar cuando un agente mató de un disparo a un joven de 17 años durante un control de tránsito en las afueras de París.
“Para los jóvenes de los suburbios, los disturbios constituyen una de las formas tradicionales de expresión colectiva”, explicó.
Los críticos del gobierno y los defensores de los derechos humanos denunciaron que las tácticas utilizadas por la policía durante el último mes fueron innecesariamente violentas.
Gran parte de los cuestionamientos se concentra en los lanzadores de proyectiles de goma, conocidos en Francia como LBD, y las granadas aturdidoras, a los que los críticos atribuyen lesiones graves entre los manifestantes.
Della Sudda también destacó que las casi 8000 detenciones registradas en las semanas previas al 17 de octubre contrastan enormemente con las apenas unas decenas de personas arrestadas durante una protesta de 500.000 estudiantes en 1998 contra la falta de docentes y el deterioro de las escuelas.
La sensación de no ser escuchados también desempeña un papel importante, señaló la investigadora.
En lugar de escuchar a los manifestantes y negociar con ellos, el gobierno intentó, por ejemplo, responder a las demandas de los chalecos amarillos mediante una plataforma digital denominada “el gran debate nacional”. Los manifestantes contrarios al gobierno rechazaron la iniciativa de Macron.
“Como resultado, la desconfianza está creciendo”, escribió Della Sudda.
