Un fallo judicial que le devolvió un terreno clave a un abogado procesado y acusado por el presunto lavado de dinero narco generó polémicas y acusaciones en un distrito del conurbano y en la Justicia. La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, el pasado jueves 13, con una resolución en la que le ordenó al municipio de Pilar que le devuelva al abogado Mateo Corvo Dolcet, titular del fondo Pilar Bicentenario, un edificio a medio construir ubicado al costado de la autopista Panamericana, en el que el hombre había prometido hacer un mega emprendimiento.
El proyecto nunca logro despegar porque terminó allanado, incautado y sospechado de ser un instrumento para lavar fondos negros. La compañía del abogado había planificado en el lugar un plan urbano para construir un country de lujo y hasta una estación de tren para llegar de manera rápida a Retiro.
Imaginaba dos tipos de servicio, uno estándar y otro VIP. Este último incluía un tren diferencial con vagones con conexión a Wi Fi, aire acondicionado y vidrios antivandálicos, que conectaría a los usuarios de manera directa con Retiro.
Pero apenas llegó a levantar la primera parte del mega plan, un estacionamiento en altura de 4 pisos. En septiembre de 2017, Corvo Dolcet fue detenido como parte de un operativo internacional desencadenado por la aprehensión del narcotraficante colombiano José Bayron «Piedrahita» Ceballos.
El abogado fue procesado y le dieron una prisión preventiva y luego una domiciliaria. Parte de esa investigación fue enviada a un juicio oral que aún no arrancó y que fue discutido por la defensa del abogado.
Lo cierto es que el predio que Martínez De Giorgi ordenó devolver al abogado investigado por presunto lavado estaba en funcionamiento. En el lugar había un centro de vacunación y dependencias municipales donde se hacían trámites de renovación de licencias de conducir, entre otras tareas. El edificio, en plena pandemia de Covid, había sido utilizado como un centro de vacunatorio.
E incluso fue expropiado por una Ley votada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Esa Ley 12.239 declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el bien de Pilar Bicentenario S.A. con el fin de destinarlo al Poder Judicial provincial para “la construcción y puesta en funcionamiento de instalaciones judiciales”, al Ministerio Público Fiscal para montar una “Delegación de la Casa de la Provincia de Buenos Aires” y a la Municipalidad de Pilar con el objetivo de construir “dependencias municipales descentralizadas”.
La decisión de Martínez De Giorgi incluso fue en contra de una resolución de la Corte Suprema. Es que los defensores de Corvo Dolcet, tras el embargo de la Justicia sobre el predio y la expropiación, fueron hasta la Corte Suprema que desestimó el planteo.
La investigación que involucró a a Corvo Dolcet con presuntas maniobras de lavado arrancó en 2016. Para esa época, el abogado ya había comprado el terreno de Pilar e inaugurado el proyecto durante la gestión de Cristina Kirchner. Fue en 2012 y hasta contó con la venia del entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. El plan se vendía como un mega proyecto de viviendas y la construcción de una nueva estación de tren. En el caso aparecieron incluso presuntos vínculos con familiares de Pablo Escobar.
La DEA alertó en 2016 al ministerio de Seguridad que manejaba Patricia Bullrich sobre supuestas maniobras de lavado de activos provenientes de actividades de narcotráfico en Colombia. Se señalaba que el dinero ilegal llegaría de carteles de Medellín, Cali y Sinaloa y que el dueño del dinero que presuntamente lavaba Corvo Dolcet era del colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos.
La información aportada por la DEA a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) originó una investigación preliminar y una causa judicial en los tribunales federales de Morón que tuvo el juez Néstor Barral. El caso fue conocido como “la banda del Café de los Angelitos”. Llegó a estar mencionado en el caso el ex jugador de Boca Mauricio «Chicho» Serna.
En esa causa encontraron un documento en el que Corvo Dolcet dejaba asentado que María Isabel Santos y Sebastián Marroquín (viuda e hijo de Pablo Escobar) eran quienes le habían presentado en 2008 a Piedrahita Ceballos. Por ese «servicio» el imputado les abonó una suma de dinero equivalente al 4,5% de la operación que el abogado realizaría con el colombiano.
Para la Justicia que investigaba ese caso, Piedrahita Ceballos habría invertido plata negra en importantes emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar: Country Urbano, Pilar Bicentenario e Ínsula Urbana. El último consistía en 200.000 metros cuadrados de tierra en Pilar, frente a Panamericana, en los que Corvo Dolcet quería construir 357.000 metros cuadrados de usos mixtos. Ese es el predio que ahora la Justicia le devolvió y que volvió a quedar paralizado.