Motosierra y control. De eso se trata la nueva norma que estrenó el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. A partir de ahora, cada mes, dentro de sus primeros 10 días, las dependencias del Sector Público Nacional deberán informarle cuánto proyectan gastar.
Esto incluye a los ministerios, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, los entes públicos por fuera de ella, fondos fiduciarios y empresas públicas.
La medida pretende otorgarle previsibilidad al gasto público, que hoy carece de una hoja de ruta definida, ya que el Gobierno no cuenta con un Presupuesto aprobado en el Congreso para este año y, al igual que en 2024, opera con una prórroga del último aprobado (2023), que le permite ampliar y reasignar partidas a discreción. De hecho, en lo que va de 2025, el Ejecutivo ya publicó tres modificaciones presupuestarias.
El nombre formal de este nuevo sistema de control es “Régimen Obligatorio de Información“, y lleva la firma del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien es señalado dentro del Gobierno como uno de los grandes pilares del ancla fiscal.
Su entrada en vigencia activa lo que el Ejecutivo había anunciado en la modificación presupuestaria del 23 de junio. En aquella oportunidad, el Gobierno dispuso que las dependencias del Sector Público Nacional “deberán remitir a la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes” el flujo de fondos ejecutado al cierre del mes anterior, el flujo de fondos proyectado, incorporando todos los gastos y recursos hasta el cierre del ejercicio y el estado de las disponibilidades e inversiones al cierre de cada mes.
Además, la norma prevé sanciones para aquellos que no la respeten. “En caso de incumplimiento con lo previsto en el presente artículo, podrá establecer límites en la asignación presupuestaria y/o en la ejecución de pagos por transferencias que se realicen a los sujetos obligados”, agregó el Gobierno. Es decir, el castigo puede significar menos dinero.
Entonces, la Secretaría de Hacienda, que funciona como la sala de máquinas del superávit, también tendrá la potestad de control y el centro de cómputos de lo que va a pasar con el gasto de cada dependencia pública.
De acuerdo con el régimen que reglamentó Economía, las áreas del Sector Público Nacional deberán informarle “el flujo de fondos ejecutado al cierre de cada mes y el proyectado incorporando todos los gastos y todos los ingresos estimados hasta el 31 de diciembre de cada año”.
De esta manera, la proyección de gastos que reciba la Secretaría de Hacienda funcionará como una suerte de anticipo de las modificaciones presupuestarias que realiza el Gobierno, que apunta a finalizar el año con un superávit primario de 1,6% del PBI, de acuerdo con las metas planteadas con el Fondo Monetario Internacional.
Con esas modificaciones presupuestarias, el Gobierno autorizó gastos, recortó otros y actualizó el monto de ingresos esperados. La formalización de los futuros egresos y el seguimiento de las partidas en cada dependencia pública apunta a simplificar y sistematizar esa tarea.
Un ejemplo de esa ingeniería es el cálculo que el Gobierno y economistas realizaron ante el anuncio de la baja de retenciones al agro, algo que redundará en menos ingresos para las arcas públicas.
Según la consultora AZ Group, el costo es de US$530 millones. Para Fernando Marull, socio de FMyA, asciende a US$600 millones, y Federico Furiase, director del Banco Central, habló de US$700 millones anuales a los precios actuales de los granos.
Sin embargo, Furiase dijo que la baja no altera el resultado fiscal del Gobierno, porque el equipo económico hizo una ingeniería que permitirá que esa merma de recaudación se compense con mayores ingresos por mayor actividad.
