Este domingo, minutos antes de que Newell’s saliera a jugar con Boca por la tercera fecha del Clausura, alguien colgó en la bandeja superior de la platea Maxi Rodríguez del estadio Marcelo Bielsa una tela blanca con letras negras. Decía: “Las tierras no se venden, las tierras se defienden”. Era una alusión directa al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el gobierno intentará aprobar en el Senado esta semana, y cuyo capítulo más resistido modera las restricciones para que inversores extranjeros compren tierras en la Argentina.
Pero la bandera, que había sido colocada en un lugar muy visible, frente a las cámaras que televisaban el partido, no duró mucho. Personal de la Sección Explosivos de la Policía provincial detectó la insignia pasadas las 14.15, durante la inspección preventiva previa al ingreso del público. ¿Quién tiene acceso al estadio antes de que abran las puertas? Esa pregunta sobrevoló la polémica. Se dio aviso a las autoridades superiores y se ordenó retirarla. Horas después, cerca de las 18.30, por una directiva emanada directamente del Ministerio de Seguridad provincial, los efectivos procedieron al secuestro formal de la tela, que terminó en la comisaría 2ª.
La bandera de la ley de tierras pudo haber tenido un origen, según las fuentes consultadas, en buscar un efecto como fue la bandera de las Malvinas que les arrojaron al campo de juego a los jugadores de la selección argentina después del triunfo con Inglaterra. La decisión de retirar la bandera, con el argumento de que no tiene que ver con el espectáculo deportivo, busca cortar con esta tendencia de usar una televisación para enviar mensajes políticos.
La justificación oficial fue escueta y buscando que el tema no escalara, ya que en las redes sociales la discusión en torno a la quita de la bandera había empezado a levantar temperatura. El secretario de Gestión Institucional del ministerio, Federico Angelini —ex diputado nacional de Pro y también exfuncionario del Ministerio de Seguridad Nacional—, explicó que en todo operativo existe un “minuto cero” en el que se revisan los elementos del estadio, y que allí se encontró una bandera “cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo”. La Dirección Provincial de Espectáculos y el club, dijo, definieron que correspondía sacarla. Angelini agregó que se desconoce cómo llegó la bandera a la tribuna.
El argumento —que el contenido “no tenía que ver con el fútbol”— es, en rigor, lo contrario de una imputación penal. El propio gobierno provincial no señaló una acción dolosa, un agravio, una amenaza ni un riesgo para la seguridad pública. Y ahí es donde la decisión empezó a encendió la polémica: por qué se retiró esa bandera, si el mensaje no generaba una instigación a la violencia.
El exdiputado provincial y docente de Derecho Constitucional Oscar Blando fue más lejos: preguntó qué norma jurídica aplicó el funcionario que dio la orden, dónde está tipificada la contravención o el delito, y advirtió que sin esa base la medida es “un ataque a la libertad de expresión”, una arbitrariedad manifiesta y un exceso de funciones. Recordó, además, que planteles de todo el país han posado con carteles de “Ni una menos” antes de los partidos sin que nadie los cuestionara por no tener que ver con lo deportivo.
Un ministro de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta —penalista y notorio hincha leproso—, calificó el episodio de “inédito” en las redes sociales y pidió que se individualizara al funcionario responsable por su “torpeza o el desconocimiento de sus obligaciones”.
En Newell’s, cuya dirigencia está alineada a nivel político con el gobernador Maximiliano Pullaro, trataron de esquivar hablar del tema para que la polémica, sobre todo en el terreno de las redes, se descongestionara. En algunos dirigentes y socios surgió malestar por la decisión de retirar la bandera.
La escena obliga a una comparación incómoda. En Rosario, las tribunas han sido durante años un soporte de mensajes que sí tenían destinatarios concretos del mundo del delito, y que nadie retiró. Cuando Maxi Rodríguez jugó su despedida en el Coloso, entre las telas apareció una de la barra vinculada a Los Monos, el clan narco más poderoso de la ciudad. Quedó donde estaba. Este mismo fin de semana, mientras la bandera contra la Ley de Tierras terminaba secuestrada en una comisaría, aparecían en distintos puntos de Rosario telas con menciones a Matías Gazzani, el prófugo señalado como jefe de Los Menores por el que se ofrece una millonaria recompensa. Esas banderas siguen colgando de puentes y paredones sin operativo de explosivos que las levante.
El contraste no es una travesura retórica: dibuja el criterio real de la fuerza. Un mensaje sobre soberanía y propiedad de la tierra, conectado con un debate que esta semana define el Congreso, activó al minuto una intervención policial y un secuestro formal. Los guiños de organizaciones narcocriminales en el espacio público —esos que sí buscan marcar territorio, disputar poder y disciplinar— conviven con la ciudad sin sobresalto oficial.
La sospecha política que sobrevoló todo el episodio le agrega densidad. En la antesala del tratamiento en el Senado, hay quienes leyeron el celo del gobierno de Pullaro como un gesto hacia la Nación, en línea con el respaldo que legisladores afines al gobernador han dado antes a iniciativas de la Casa Rosada. La bandera censurada apuntaba, justamente, contra esa ley.
