Marcelo Román, intendente de la localidad de Allen, provincia de Río Negro, quedó involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado. Se enfrenta a una posible acusación por sus vínculos con el empresario local Sebastián Ocampo, que también fue involucrado como partícipe necesario.
Según la presentación de la Justicia consignada en diario Río Negro, el peritaje del teléfono de Ocampo —dueño de una radio local y un sitio web— habría mostrado mensajes en los que impartía órdenes a funcionarios del municipio. Además, el empresario era considerado como un “asesor” del jefe comunal, perteneciente al espacio de La Libertad Avanza (LLA).
En la audiencia que se realizó este lunes estuvieron presentes los dos acusados y se determinó un cuarto intermedio, por lo que el 17 de junio se definirá formalmente si se da lugar a la formulación de cargos contra ambos.
La acusación en su contra
La investigación penal se originó tras una denuncia presentada el 26 de junio de 2025 por presuntas irregularidades que habrían ocurrido desde el inicio de la gestión de Román (a fines de 2023) hasta mediados de 2025.
El Tribunal de Cuentas de Allen señaló en su denuncia que Ocampo ejerció funciones propias que corresponden al cargo de intendente del municipio “sin tener la facultad legal para ello”. Esto incluye, entre otras cosas, la toma de decisiones en la gestión municipal, la participación activa en reuniones de gabinete, las decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias.
El organismo indicó también que cuenta con supuestos testimonios que certifican la “existencia de este ejercicio irregular del cargo”. Asimismo, la línea telefónica que utilizaba Ocampo para comunicarse con los funcionarios sería abonada por la comuna municipal, al igual que el pago de honorarios mediante publicidad a su radio.
En julio de 2025, la Justicia —a través de la denuncia realizada en el Ministerio Público Fiscal y llevada adelante por las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti— realizó múltiples procedimientos en el municipio y en propiedades vinculadas a Ocampo para recolectar documentación y dispositivos electrónicos.
Luego de la audiencia del lunes, el intendente Román habló sobre las acusaciones en su contra, aseguró que se sentía “tranquilo” y afirmó que la fiscalía no tiene sustento probatorio. “Nosotros tenemos la defensa preparada y vemos también que no hay mucha sustentación de parte de la acusación fiscal, porque en definitiva me califican con un delito y no dicen si lo cometí o no”, afirmó.
Días antes, los vecinos de la localidad de Allen presentaron una solicitud de revocatoria contra el intendente para que sea retirado de su cargo. Con más de 3000 firmas de empadronados en la ciudad, el escrito ingresó con sello oficial en el Concejo Deliberante y acusó a Román de “negligencia e ineptitud en la prestación de los servicios públicos”.
Además, hablaron de un “progresivo aumento de abandono” en distintas áreas vinculadas al mantenimiento urbano. Ramón es el único intendente que pertenece al espacio libertario en la provincia del sur del país.
