MENDOZA.− Una costosa capacitación, con fondos públicos, provocó un cimbronazo político en esta provincia. Se trata de una millonaria maestría, financiada con dinero del Estado, que realizó una de la principales ministras mendocinas, Jimena Latorre, titular de la cartera de Ambiente y Energía y funcionaria de confianza del gobernador Alfredo Cornejo.
Latorre, impulsora del desarrollo de la minería en la provincia, quedó en el ojo de la tormenta luego de cursar un posgrado a distancia en una universidad española por casi 11.000 dólares. La funcionaria pagó el monto de su bolsillo, con descuento, pero luego acudió a las arcas provinciales para recuperar la totalidad de los fondos.
La delgada línea entre la legalidad y la ética encendió la controversia y el malestar de la oposición, junto a buena parte de la ciudadanía, que manifestó públicamente su rechazo al accionar de la ministra y le reclama que devuelva las partidas.
“Es casi imposible que el Estado te pague una maestría”; “La realidad es que cualquier empleado debe capacitarse por su cuenta”; “Siempre los privilegios son para ellos”; “Exposición innecesaria, cuando debería dar el ejemplo”; “Hoy, se capacita con nuestra plata; mañana, se va al sector privado”; “El gobernador debería pedirle que devuelva todo”. Así, cientos de comentarios en las redes sociales y medios de comunicación locales dejaron en evidencia el descontento de los mendocinos con el proceder de Latorre, quien a su vez marcó su postura.
La ministra de Ambiente defendió el uso de partidas públicas para su formación técnica, negó que se trate de un privilegio y aseguró a LA NACION que su accionar es “legal y ético”. Indicó que la capacitación está directamente vinculada con las funciones que ejerce y que el pago inicial de su bolsillo, con tarjeta de crédito, respondió a la oportunidad de obtener un descuento de beneficio para el erario público, negando cualquier tipo de maniobra ilícita.
Desde la oposición surgieron múltiples voces que cuestionaron su accionar. “La ministra pagó el posgrado con su tarjeta y pidió el reintegro del total. El dinero se transfirió a ella antes de que firmara el comité que la autorizaba. Esto es ilegal, demuestra la impunidad”, señaló el diputado provincial justicialista Lucas Ilardo, uno de los primeros dirigentes en advertir la situación, quien presentará una denuncia formal del caso, que también será evaluado por la Oficina de Ética Pública de Mendoza.
“Ella no es empleada pública, el año que viene, cuando termina el gobierno, se va, y se lleva el conocimiento que pagamos todos los mendocinos a la actividad privada. Hay algunas irregularidades, y vamos a avanzar con las denuncias correspondientes”, añadió el legislador.
Incluso, en medio de la polémica, dentro del Gobierno, surgen posturas disidentes, con mensajes indirectos, sin mencionar explícitamente a Latorre, como el de la vicegobernadora Hebe Casado, que expresó: “Lo que no es correcto, no es correcto aunque sea legal”.
El costo del Máster en Economía Medioambiental (Mecom), dictada de manera virtual por la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, fue de 13,6 millones de pesos, equivalentes a US$10.666, autorizado por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, que depende políticamente de Latorre, el cual está compuesto por aportes que hacen las empresas cada vez que se adjudica una concesión.
El reintegro del dinero se concretó en febrero de este año a favor de la ministra, ya que el desembolso inicial tuvo que hacerlo de forma particular por inconvenientes operativos con el sistema de pago oficial, a cargo de Mendoza Fiduciaria, que administra el Fideicomiso.
“Mi maestría, que tiene que ver con el trabajo que realizo, estuvo pagada por esos fondos porque es la afectación que tienen: fortalecimiento institucional y capacitación”, remarcó la ministra, en relación al uso de esos recursos, que están destinados, por normativa, a la fiscalización, control y estudio del sector petrolero.
“No se les quitó fondos a la Educación, Salud o Seguridad de Mendoza para pagar una maestría de una funcionaria”, recalcó Latorre, quien aseguró que también se costean capacitaciones de funcionarios y empleados de planta, aunque evitó dar nombres.
En tanto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, salió en defensa del accionar de la funcionaria y la necesidad de tener funcionarios con alto nivel académico. “Cuando uno está promocionando inversiones, tratando de promocionar a la provincia, se hace en reuniones generalmente bilaterales que requieren alta capacitación”, señaló el funcionario.
