El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente hoy a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial y eventualmente denunciar ante la Justicia penal por presunto lavado de activos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti ante la existencia de fondos y bienes cuyo origen -según planteó la entidad- no ha sido debidamente acreditado.
Dirigida al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, el CIPCE reclamó la adopción de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” para realizar un monitoreo intensivo sobre ambos, tras recordar su carácter de Personas Políticamente Expuestas (PEP), con el objetivo de establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica de su patrimonio.
El pedido se apoya en una serie de elementos que, según el CIPCE, ameritan un escrutinio reforzado: la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025 -ambas operaciones realizadas cuando Adorni ya ocupaba funciones públicas-, la tenencia de sumas significativas de dinero en efectivo, viajes en aeronaves privadas junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias no bancarias con personas que no evidenciarían capacidad económica suficiente.
Augusto Famulari – LA NACION
La entidad también incorporó como elemento relevante la entrevista que concedió anoche Adorni a José Del Rio, en LN+, en la que sostuvo que sus ahorros familiares habían sido constituidos “en negro”, es decir, fuera de los circuitos formales de registración tributaria. El jefe de Gabinete admitió haber ocultado ese dinero, “por error”, en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024. Ese capital, según se desprende de sus declaraciones, era del orden de los US$500.000: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, dijo.
Según la ONG que se especializa en investigar la corrupción y los delitos económicos, ese reconocimiento de Adorni plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los estándares de transparencia exigibles a los funcionarios y sobre el origen de los fondos involucrados.
En su presentación, CIPCE citó testimonios de quienes declararon ante la Justicia federal que indicarían que al menos una de las operaciones inmobiliarias no habría sido escriturada por su valor real. De confirmarse, podría encuadrar, según el planteo, en maniobras de simulación susceptibles de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.
El CIPCE subrayó, además, que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto en la ley de “Inocencia Fiscal” no limita ni suspende las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos ni las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes. En ese sentido, recordó que la normativa vigente impone deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, precisamente por su mayor exposición a riesgos de corrupción.
Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, CIPCE contextualizó su petición en el contexto internacional. Remarcó que la Argentina se encuentra bajo seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige avances en la prevención, detección e investigación del lavado, en particular cuando está vinculado a hechos de corrupción.
En ese marco, el CIPCE sostuvo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos que involucren a funcionarios de alto rango constituye una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Por ello, solicitó que se realicen controles de consistencia patrimonial integrales, con cruce de información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.
