Hay problemas que se instalan en la agenda pública a fuerza de repetición y hay otros que, pese a su gravedad objetiva, permanecen sistemáticamente al margen del debate político. La depredación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur, a la que con frecuencia nos referimos desde este espacio, pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría.
Las capturas bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en las Islas Malvinas, que en 2024 alcanzaron las 261.900 toneladas de especies de un mismo sistema biológico. sin acuerdo ni reciprocidad, suma al perjuicio económico y biológico una lesión a los intereses nacionales que reclama una respuesta diplomática activa y sostenida.
La Argentina no carece de herramientas. Dispone de capacidad satelital propia y asociada —con plataformas como las de EarthDaily Analytics y otros sistemas de monitoreo a través del Sistema de Identificación Automática (AIS) y del Radar de Apertura Sintética (SAR)— que permiten, en tiempo real, identificar y georreferenciar la actividad de cada embarcación en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Dispone de una Armada con vocación de presencia en el Mar Argentino, como lo demostró la reciente Operación Mare Nostrum VII, en la que el patrullero ARA Contralmirante Cordero y aeronaves P-3C identificaron más de 400 buques pesqueros y reportaron al menos cuatro en presunta actividad ilegal dentro de la ZEE. Dispone, además, de un marco normativo que puede ser perfeccionado y de una posición geopolítica que justifica una mayor articulación con la Unión Europea, cuya regulación sobre la trazabilidad pesquera y la prohibición de productos provenientes de pesca ilegal no declarada no reglamentada (Indnr) ofrece palancas de presión real sobre los países de origen de las flotas.
Hay, sin embargo, un obstáculo estructural que el debate público sobre la pesca en el Atlántico Sur sistemáticamente elude: cualquier régimen de administración concertada de la zona adyacente a la ZEE requeriría, por razones geográficas y biológicas elementales, la participación del Reino Unido en su carácter de administrador de facto de las Islas Malvinas. Los stocks migratorios no reconocen soberanías. Un acuerdo de ordenamiento pesquero que excluya a quien controla una porción significativa del área de distribución de esas especies sería, en el mejor de los casos, parcialmente eficaz.
La Argentina, sin embargo, ha sido históricamente reacia —por razones comprensibles, pero no por eso menos costosas— a sentarse en cualquier mesa donde la presencia británica implique alguna forma de reconocimiento implícito de la situación de las islas. El resultado es una paradoja amarga: la misma decisión que en 1982 generó el vacío de patrullaje que llenaron las flotas extranjeras en nuestro mar sigue bloqueando, cuatro décadas después, la única arquitectura diplomática que podría contenerlas. Nombrar ese nudo con claridad no es resignarse a él; es el primer paso para encontrar una fórmula que permita avanzar en la protección de los recursos sin sacrificar la posición soberana argentina.
La respuesta de fondo deberá ser multilateral o no será. Mientras la alta mar permanezca como espacio sin gobernanza efectiva, la mera exhortación a la soberanía no alcanzará para detener un solo buque potero. La Argentina tiene legitimidad, capacidad técnica y argumentos de interés nacional para impulsar, en el marco de la FAO y de los organismos regionales de pesca, un régimen más estricto de ordenamiento de los stocks migratorios del Atlántico Sudoccidental. Esa negociación es ardua, lenta y exige una presencia diplomática sostenida que históricamente ha brillado por su ausencia. Pero es el único camino que existe y la ventana para recorrerlo se estrecha cada año. Preservar los recursos del Atlántico Sur es una responsabilidad que esta generación no puede seguir difiriendo.
