MADRID.- Siete hombres militantes del PSOE, que pagaron por agredir sexualmente a niñas adolescentes a través de una red de explotación de menores en Murcia no van a pasar ni un día en la cárcel. Tampoco lo harán tres de los miembros de la red de prostitución. Sí ingresarán en prisión otros tres, entre ellos dos de las mujeres que captaban a las jóvenes en discotecas, ofertas de empleo en internet e incluso en colegios. La Fiscalía llegó en septiembre con todos los acusados a un acuerdo por el que estos reconocen los hechos para rebajar sustancialmente sus penas, al aplicarse la atenuante de “dilaciones indebidas”. La operación contra la red de trata fue en 2014 y llevaba una década en los juzgados. Ninguna de las condenas supera los dos años de prisión y, en una decisión excesivamente reglamentista y carente de toda sensibilidad social, en los 10 casos citados la Audiencia de Murcia ha decidido suspender el encarcelamiento pese a reconocer la “gravedad” de los hechos. Todo ello es perfectamente legal, pero al mismo tiempo es un fracaso de la Justicia que deja desamparadas a las 11 menores prostituidas y resulta incomprensible para la sociedad. Por extensión, es un fracaso de todo el sistema de cara a los miles de mujeres que sufren la violencia machista en España.
Pese a los innegables avances de los últimos años (legislativos, policiales y jurídicos) en materia de violencia de género, en particular de la sexual, sigue ocurriendo que el proceso penal de sus casos sirva solo para revictimizar a las mujeres. “La decepción con el sistema la tengo de todos modos”, escribió Conchi Granero, la joven barcelonesa violada en 2020 que recientemente compartió su historia con EL PAÍS, en una carta a su abogada antes del juicio.
Este intolerable retraso que justifica el acuerdo judicial precisa una explicación que vaya mucho más allá de la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de jueces y fiscales. Ninguna de las 11 adolescentes se personó como acusación en el juicio ni fueron informadas del acuerdo de conformidad hasta que la sentencia ya era firme. Solo entonces las escuchó el tribunal, y pusieron de relieve el esfuerzo que les suponía tener que enfrentarse de nuevo a sus recuerdos. Probablemente, eso explica que cinco de ellas mostraran su intención de “pasar página” y aceptaran que los hombres que las prostituyeron no entren en prisión. Las víctimas tenían entre 15 y 17 años en el momento de los hechos. Una de ellas sigue necesitando ayuda psicológica una década después.
Los siete hombres —otros ocho inicialmente acusados no llegaron a ser juzgados— eran personas en buena situación económica que consideraban aceptable pagar por lo que ellos entienden como sexo con menores. Por cada una de esas veces, la Fiscalía les solicitaba inicialmente cuatro años de prisión. Finalmente, se les condena a entre cinco y seis meses por cada una. El fiscal ha anunciado que recurrirá el caso de uno de ellos, el empresario Juan Castejón, quien era entonces vicepresidente de la patronal de Cartagena. Castejón ha reconocido haber prostituido a menores en cinco ocasiones.
El caso produce una indignación justificada y demuestra todo lo que falta por avanzar en perspectiva de género en la Justicia para que los procesos no se conviertan en daño sobre daño para las víctimas. La libertad de quienes usaron su posición de poder para abusar de menores puede ser justicia, pero es un tipo de justicia que produce estupor y desolación, además de hacer un enorme daño al objetivo general de que las mujeres agredidas confíen en las leyes y los tribunales que deben protegerlas.
