ASUNCIÓN.– Paraguay recibió el jueves a un grupo de 16 inmigrantes de diferentes países que fueron deportados desde Estados Unidos en el marco del acuerdo de “Tercer país seguro” firmado entre Asunción y Washington el año pasado en medio de la política de represión migratoria implementada por la administración de Donald Trump.
Los deportados ahora pueden elegir entre tramitar su residencia legal en Paraguay o regresar a su país de origen.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, señaló que estas personas permanecerán hasta 72 horas en el país antes de ser trasladadas a sus destinos finales, con costos cubiertos por Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los extranjeros serán alojados en un hotel del centro de Asunción y, según el canciller, el acuerdo no implica un beneficio económico directo para Paraguay, pero forma parte de la relación estratégica con Estados Unidos, que abarca cooperación en seguridad, comercio y tecnología.
“En la fecha se ha registrado el ingreso al territorio nacional de 16 personas migrantes, todas mayores de edad y en condición de estadía transitoria”, informó en un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones paraguaya.
En agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo de tercer país seguro con Paraguay, un instrumento que “ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay”, según indicó en un comunicado en ese momento el secretario de Estado, Marco Rubio.
El vuelo con los primeros inmigrantes aterrizó en la madrugada en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en la región metropolitana de la capital Asunción. La permanencia de los pasajeros en territorio paraguayo será de “carácter temporal y regulada, orientada a facilitar su retorno seguro a los países de origen” a través del acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó la Dirección de Migraciones.
En declaraciones a medios locales, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, dijo que entre los deportados figuran ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y España. Agregó que habrá un segundo vuelo procedente del país norteamericano en mayo.
Inicialmente estaba previsto el arribo de 25 inmigrantes, pero nueve de ellos fueron rechazados por no contar con los requisitos de entrada necesarios, explicó el canciller Ramírez Lezcano.
En esta primera etapa, Paraguay recibirá hasta 25 migrantes por mes, según detalló en conferencia de prensa el jefe de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay, Carlos Vera.
El servicio de migraciones indicó que los deportados no cuentan con antecedentes judiciales en sus países de origen, en Estados Unidos o en otros países de residencia previa, por lo que “no se brindarán detalles que permitan su individualización, en atención al carácter humanitario” de los mecanismos de cooperación y protección de sus derechos.
El acuerdo alcanzado el año pasado con Estados Unidos se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria llevada a cabo por el gobierno Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
El país norteamericano ha alcanzado acuerdos similares con diversos países además de Paraguay, entre ellos El Salvador, Costa Rica, Panamá, Uganda y Sudán del Sur. Igualmente ha enviado deportados a México y al reino de Esuatini, en el sur de África. A este último fueron enviados en julio cinco hombres a quienes se mantiene en confinamiento solitario hasta que puedan ser deportados a sus países de origen.
Estos acuerdos han sido duramente criticados por defensores de los derechos humanos.
El informe de febrero pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que, aunque se desconocen muchos detalles del acuerdo firmado con Paraguay podría ser “contrario a obligaciones inderogables en materia de derechos humanos”.
El informe de CIDH indica que “de acuerdo con declaraciones gubernamentales el acuerdo ‘ofrece’ a las personas solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay, de modo de “compartir la carga que supone gestionar la inmigración ilegal y poner fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país”.
Según la cancillería paraguay el acuerdo ”permitirá administrar, conforme a la legislación del país y bajo la supervisión de la Conare, los procesos de admisión de personas refugiadas».
La Conare destacó que la finalidad del memorando es asegurar que las personas que buscan protección sean trasladadas “de manera digna, segura y oportuna”.
No obstante, la CIDH destacó “la insuficiencia de recursos para afrontar el proceso de las respectivas solicitudes de asilo”, y también cuestión “la coherencia del memorando, debido que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría hecho circular un informe en el cual reprueba la situación de los derechos humanos en Paraguay”.
Añadió que al momento de la redacción de ese informe, en febrero pasado, aún se desconocían «los detalles del marco operativo integral del acuerdo». “La CIDH ha expresado su preocupación respecto de esta clase de acuerdos bilaterales, los cuales pueden ser contrarios a obligaciones inderogables en materia de derechos humanos”.
Agencias AFP y Reuters
