La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del empresario cercano a la familia Kirchner, el agente inmobiliario Osvaldo “Bochi” Sanfelice, en la causa en que es investigado por lavado de dinero como supuesto testaferro en la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares.
El juez federal Daniel Rafecas había sobreseído a Sanfelice, sin que el fiscal rechazara el planteo. Solo apeló la Unidad de Información Financiera, encargada de prevenir el lavado de dinero. La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, resolvió a principios de junio que el juez siguiera adelante con la investigación, en un fallo que cosechó los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Mariano Borinsky votó en disidencia.
Ahora, la Cámara Federal, siguiendo esa línea, revocó el sobreseimiento de Sanfelice, quien se encuentra mencionado en distintas investigaciones como socio de Máximo Kirchner.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron la similitud de esta operación con el objeto del caso Hotesur y Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
En este caso, se investiga a Osvaldo Sanfelice por la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares con préstamo de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo y en la señal C5N. La Sala II de la Cámara Federal ordenó que se profundice la investigación por presunto lavado de activos en la adquisición del céntrico Hotel Waldorf.
La causa investiga si el establecimiento fue comprado para darle apariencia lícita a dinero proveniente de actos de corrupción ocurridos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
Los magistrados consideraron “prematuro” el cierre de la causa y ordenaron que la pesquisa continúe enfocada en el verdadero origen de los fondos utilizados para la millonaria compra y el papel del préstamo de Fabián de Sousa.
De acuerdo con el peritaje contable citado en el fallo, la compra del hotel ubicado en la calle Paraguay 450 se realizó a través de una operación donde Sanfelice dijo que actuaba en nombre de terceros, mediante una serie de pasos que despertaron las sospechas de los investigadores.
En diciembre de 2008 Sanfelice suscribió un acuerdo de opción de compra por el cual entregó un adelanto de U$S 100.000. Este monto inicial, sin embargo, nunca fue declarado en su impuesto a las ganancias de ese año.
En abril de 2009 se firmó el boleto de compraventa. En este acto, Sanfelice adquirió “en comisión” el 88% de las acciones de la sociedad, comprometiéndose a pagar U$S 350.000 al contado y U$S 1.300.000 en diez cuotas mensuales. Así el total de la operación era de U$S 1.750.000.
En el transcurso de 2009, Sanfelice canceló la totalidad del saldo, aunque el pago se hizo mediante un “documento sin fecha certera y que no obra en los registros del escribano actuante”.
Entre 2010 y 2014, Sanfelice, ya actuando por sí mismo y no “en comisión”, adquirió más acciones hasta convertirse en el dueño del 97,74% del Hotel Waldorf.
El hecho de que Sanfelice iniciara la compra “en comisión” para luego terminar como adquirente definitivo llevó a la querella de la UIF a sostener que esto no descarta que haya actuado bajo la figura de “testaferro”.
Para la operación, que en el año 2009 Sanfelice expuso impositivamente por un valor total de $ 6.335.000, el imputado declaró haber utilizado fondos propios por $ 2.474.615,90 y haber asumido deudas por $ 4.109.604,00 con Fabián De Sousa y por $ 470.600,00 con la firma Walcorp S.A..
Si bien los peritos señalaron que con esos pasivos Sanfelice alcanzaba contablemente la capacidad para adquirir el hotel, advirtieron que “se desconoce si los pasivos declarados con Fabián de Sousa fueron asumidos para la operación de marras”.
El camarista Irurzun destacó en su voto que la instrucción no profundizó la versión sobre el préstamo ni investigó el origen de los fondos entregados por De Sousa.
Además, recordó que tanto Sanfelice como De Sousa ya enfrentan el juicio oral en el caso Hotesur y Los Sauces, donde están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a sustraer fondos públicos y reciclarlos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias.
Ante la “falta de certeza negativa”, los jueces ordenaron al juez Daniel Rafecas reabrir la investigación y que la UIF proponga medidas para avanzar en el esclarecimiento del origen del dinero.
