En un intento por ordenar el complejo escenario de la infraestructura nacional, el oficialismo incluyó en su agenda prioritaria en el Senado para lo que resta del año un proyecto de ley que busca establecer un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública que permitiría darle un cierre definitivo a contratos de obras públicas que, en algunos casos, arrastran una parálisis que ronda los veinte años.
La idea es destrabar la parálisis administrativa mediante el pago de una suma final y definitiva, la que será calculada en base a parámetros objetivos, a cambio de la renuncia a cualquier acción judicial vigente o futura contra el Estado. El régimen, en principio, tendrá una duración de 24 meses.
La propuesta es impulsada por el senador libertario Enzo Fullone (Río Negro) y también lleva la firma de la jefa de bloque, Patricia Bullrich (Capital), y de Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), entre otros miembros de la bancada oficialista.
Según confirmó Bullrich a LA NACION, la iniciativa cuenta con la luz verde de la Casa Rosada para su tratamiento legislativo este año como parte de lo que sería una suerte de agenda legislativa de segunda generación que se discutiría de manera paralela a proyectos como la reforma electoral y las modificaciones a la ley de zonas frías, entre otras iniciativas calificadas como prioridad por la Casa Rosada.
La idea es empezar a discutirlo en comisiones una vez que se avance con el debate de una reforma a la ley de biocombustibles, proyecto que comenzó a discutirse en comisión en la primera semana de junio, pero quedó congelado por la extensa crisis que terminó con la eyección de Manuel Adorni del Gobierno.
Fullone, que fue directivo de Vialidad Nacional en Río Negro, fundamenta su proyecto en un escenario crítico, en lo que califica como un “sistema bloqueado” por contratos que permanecen abiertos administrativamente sin haber logrado nunca la recepción definitiva.
“Esta es una realidad extendida en todo el país”, sostuvo Fullone, quien destacó que el problema va más allá de las obras paralizadas. “Hay contratos que permanecen abiertos administrativamente, son contratos que no cuentan con recepción definitiva ni cierre formal, aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años”, explicó el senador.
Según los fundamentos del proyecto, existen al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización, y sólo en el caso de la provincia de Río Negro afecta a arterias emblemáticas y estratégicas como las rutas 22, 23 y 151, cuyos trabajos se iniciaron entre 2009 y 2021 y hoy afectan la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional.
El corazón del proyecto es el establecimiento de un sistema de “concesiones recíprocas” entre las empresas contratistas y el Estado Nacional para, así, poder ponerle punto final de mutuo acuerdo a los vínculos contractuales.
Para las empresas, el incentivo principal sería la condonación de multas generadas durante la parálisis y la liberación de garantías (pólizas de caución y fondos de reparo) una vez aceptado lo efectivamente ejecutado.
Además, las empresas se verán beneficiadas con una salida sin sanciones en el Registro de Constructores, siempre que no haya mediado dolo o culpa grave en las causas que llevaron a la paralización de la obra.
Por su parte, el Estado conseguiría de parte de los contratistas una renuncia expresa a cualquier reclamo por el lucro cesante por la parte no ejecutada de la obra, al tiempo que deberán aceptar el carácter de “cierre administrativo total”. Esto implica una renuncia recíproca a cualquier acción judicial o administrativa posterior, eliminando así el riesgo de futuros litigios cuyos costos terminan recayendo sobre el erario público.
“Certificación de cierre”
Uno de los puntos clave para la operatividad del sistema es la creación de una “certificación de cierre”. A través de esta figura, el Estado reconocerá a las empresas una suma fija y final por gastos de mantenimiento de obrador, acopios y vigilancia, lo que extingue cualquier pretensión por mayores costos administrativos.
Ese pago se realizará en base a un informe técnico previo que deberá elaborar la autoridad de aplicación, la cual el proyecto deja a elección del Poder Ejecutivo.
Ese informe deberá tomar en cuenta el grado de avance físico y financiero de la obra al momento de la parálisis, el tiempo transcurrido desde que se detuvieron los trabajos, las causales que llevaron a la neutralización de la obra o a la falta de recepción definitiva y la evaluación de conveniencia para el interés público.
Desde el bloque oficialista sostienen que esta medida es una “propuesta concreta para abordar un problema que la Argentina viene arrastrando desde hace más de veinte años”.
Según explicó Fullone, el objetivo final es no solo sanear el balance del Estado, sino también permitir que los emplazamientos actuales puedan ser intervenidos mediante nuevas modalidades de contratación con proyectos actualizados, mitigando así los riesgos actuales para quienes transitan las rutas nacionales.
