En un giro sorpresivo, que muestra la inestabilidad que impera en el Senado, se suspendió la reunión de Labor Parlamentaria que se había convocado para esta tarde y, por lo tanto, la Cámara alta no sesionará este jueves como pretendían el oficialismo y algunos bloques de la oposición dialoguistas.
La decisión de suspender la reunión de jefes de bloque se tomó como consecuencia de la falta de votos para aprobar el proyecto que modifica la ley de biocombustibles, iniciativa impulsada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, que había obtenido dictamen la semana pasada.
Con la postergación de la sesión para la semana próxima, también quedarán en suspenso dos acuerdos firmados entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por el traspaso del fuero penal juvenil al ámbito porteño.
También quedarán para una próxima sesión, que podría ser el jueves 17, los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, los candidatos a camaristas del fuero contencioso administrativo acusados de ser “amigos de la AFA” de Claudio Tapia cuyas nominaciones estuvieron congeladas durante casi cuatro meses por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El tema de biocombustibles divide a los bloques del Senado de manera transversal en una suerte de pulseada entre las provincias productoras de bioetanol y aquellas que hacen biodiesel.
“Los que empujan el proyecto no terminaron juntando los votos”, explicaron desde el oficialismo sobre la postergación del tratamiento del proyecto. La frase apunta a las senadoras de las provincias productoras de azúcar (bioetanol) que, a priori, serían las más beneficiadas con los cambios al régimen vigente.
En esa lista se anotan, entre otros, las peronistas Flavia Royón (Salta) y Carolina Moisés (Jujuy), que responden al gobernador Gustavo Sáenz; y Beatriz Ávila (Tucumán), alineada con el mandatario de su provincia, Osvaldo Jaldo. Las tres habían acordado con Bullrich avanzar con cambios en la ley de biocombustibles.
Pero el proyecto genera también polémica en torno a cómo se reparte el mercado ampliado, en especial en el biodiésel.
Las empresas no integradas en una cadena productiva, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas (Pymes) que dependen del cupo obligatorio, reclaman una mayor protección frente a las compañías con mayor escala de producción y capacidad exportadora.
Esta pelea pone en estado de alerta a los senadores de provincias como Santa Fe, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, que reclaman algunos cambios ya que, sostienen, el texto dictaminado en comisiones perjudica a las Pymes al obligarlas a comprar materia prima a las aceiteras, cuya cadena productiva está integrada, sin asegurarles cuotas de mercado.
En este reclamo coinciden senadores de diferentes bloques como los radicales de Santa Fe, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y de La Pampa, Daniel Kroneberger, la también pampeana María Victoria Huala (Pro), y libertarios como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis). Todos votos indispensables para aprobar el proyecto.
El texto intenta equilibrar esas posiciones con cupos transitorios, topes por empresa y una apertura progresiva, aunque el acuerdo sigue sin despejar las tensiones entre provincias productoras, petroleras, cámaras agroindustriales y bloques políticos.
El dictamen firmado la semana pasada propone un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles que establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en naftas al 15%, distribuido entre caña de azúcar, maíz y un tramo sujeto a competencia, y llevar el biodiésel en gasoil al 10% de manera gradual.
También incorpora límites a la concentración empresarial, habilita mecanismos de contratación más abiertos y busca dar previsibilidad de largo plazo a las inversiones del sector.
