La discusión por una nueva Ley de Semillas volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más importantes del agro argentino: cómo actualizar un marco regulatorio con más de cinco décadas de vigencia sin afectar el equilibrio entre productores, empresas semilleras y el Estado. Durante un panel de innovaciones realizado en la 138a. Exposición Rural de Palermo, representantes del Gobierno, de las entidades rurales y de la industria coincidieron en que el sistema actual “está agotado”, aunque quedaron expuestas profundas diferencias sobre el camino para modernizarlo.
Ante la presencia de productores, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, confirmó que el Gobierno trabaja en la modificación de la Ley de Semillas y en el proceso de adhesión de la Argentina al convenio Upov-91, compromiso asumido por la administración nacional en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. Según explicó, ese entendimiento aceleró las conversaciones, aunque insistió en que la intención oficial es llegar al Congreso con un proyecto ampliamente consensuado entre todos los actores de la cadena.
“Nuestro trabajo como Estado es encontrar el lugar donde el agro argentino saque ventaja de esta ley. Vamos a impulsarla y la adhesión a UPOV-91, pero queremos que el proyecto llegue al Congreso con el mayor consenso posible”, sostuvo. Famulari reconoció, sin embargo, que ese consenso difícilmente sea absoluto. “Nadie va a quedar cien por ciento conforme”, admitió, aunque remarcó que el rol del Estado será tomar una decisión si las partes no logran cerrar las diferencias.
Para la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, el problema no es el uso propio, sino “la ilegalidad”. Para la ruralista, el debate no puede reducirse únicamente a la propiedad intelectual. La discusión sobre semillas está condicionada por un contexto económico que limita cualquier posibilidad de inversión por parte de los productores, según mencionó.
“Los productores no podemos analizar la Ley de Semillas como si fuera la solución a todos los problemas. Estamos inmersos en un sistema productivo donde pesan las reglas tributarias, comerciales e impositivas”, afirmó. Sarnari volvió a poner el foco sobre las retenciones y la presión fiscal, al señalar que siguen siendo el principal obstáculo para incorporar más tecnología.
“Si no tuviéramos retenciones ni tantos impuestos regresivos, seguramente compraríamos más semillas, más fertilizantes y más tecnología. Eso beneficiaría a toda la cadena, incluida la industria semillera y el propio Estado por el aumento de las exportaciones”, señaló.
El planteo más fuerte llegó cuando rechazó que el uso propio sea el principal responsable de la falta de recuperación de inversiones por parte de las empresas. “El gran problema de la Argentina ha sido la semilla ilegal. Los productores somos conscientes de que hay que pagar por la tecnología que usamos, pero durante muchos años hubo una enorme cantidad de semilla ilegal y faltó control del Estado».
En ese sentido, reclamó un Inase con mayor capacidad de fiscalización. “El Estado tiene que controlar cómo se produce, cómo se vende y cómo se comercializa la semilla. Eso le daría garantías tanto al productor como a la industria», dijo.
En ese contexto, Famulari reconoció que el propio Estado tiene limitaciones para controlar la ilegalidad bajo la legislación vigente. Explicó que, con la normativa actual, muchas veces el Inase carece de herramientas suficientes para actuar frente a situaciones de uso irregular de semillas, lo que dificulta la fiscalización.
Además Sarnari, quien cortó con “tanta dulzura de la charla”, ratificó que FAA mantiene su rechazo a la adhesión a UPOV-91, al considerar que la Argentina debe construir una legislación propia dentro del marco de Upov-78, adaptada a las particularidades del sistema productivo nacional. “No voy a poder ceder algunas cuestiones porque tengo la responsabilidad de representar a mis productores. Y la industria tampoco va a poder ceder algunos intereses porque representa a sus empresas”, precisó.
Tomás Palazón, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), vinculó el atraso tecnológico mucho más con la macroeconomía que con la legislación vigente. Enumeró los cambios de reglas, los distintos esquemas de derechos de exportación, los tipos de cambio diferenciales y la presión tributaria como factores que impidieron planificar inversiones de largo plazo.
“La discusión sobre semillas lleva treinta años. Esperemos que esta sea la última y que después podamos concentrarnos en incorporar tecnología y no en discutir la ley», dijo. También propuso que la futura legislación contemple tratamientos diferenciados según el cultivo y el tamaño de la explotación, y defendió que la clasificación de los productores se realice por cantidad de hectáreas antes que por categorías que pueden modificarse con el tiempo.
Aunque se manifestó dispuesto a discutir UPOV-91, aclaró que la Argentina no debería limitarse a copiar el tratado sino adaptarlo a su propia realidad productiva.
Desde el lado de las empresas, la presidenta de la International Seed Federation (ISF), Lorena Basso, vinculó directamente la actualización del marco regulatorio con la capacidad de atraer inversiones. “La innovación necesita un sistema que garantice el retorno de esas inversiones”, dijo.
Según Basso, la Argentina reúne condiciones técnicas y recursos humanos para convertirse en un polo mundial de investigación genética, pero advirtió que la falta de protección de la propiedad intelectual desalienta la llegada de nuevos proyectos.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Ricardo Fernández Pancelli, sostuvo que la falta de previsibilidad jurídica hizo que Argentina incorporara muchas menos variedades que otros países de la región. Afirmó que el retraso no afecta únicamente a la soja, sino también a cultivos como algodón, arroz y hortalizas. Además, destacó que el propio convenio contempla excepciones para pequeños productores, por lo que consideró posible “compatibilizar la protección de la innovación con las necesidades del sector productivo“.
