Sin fecha de publicación, el Gobierno trabaja en una reforma «transversal» que incluirá la derogación del decreto que obliga a los organismos públicos a anudar pólizas con Nación Seguros, que dio a lugar a un supuesto esquema de corrupción por el pago de comisiones a los famosos «brokers», pero que también desregulará a otras contrataciones del Estado.
Sin ir más lejos, en la unidad de negocios del Banco Nación entendían que con la resolución de Jefatura de Gabinete del 11 de abril pasado, que prohibía la incorporación de productores en las pólizas de los entes oficiales, bastaba para evitar que se cometan nuevas maniobras con este tipo de operaciones.
Finalmente el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ha tomado la posta y lidera un trabajo en el que intervienen otras carteras del Ejecutivo.
«Por eso va a demorar algunas semanas la redacción del nuevo decreto, hay cuestiones que se tienen que terminar de delinear», indicaron cerca del ex titular del Banco Central.
El objetivo de la reforma, aducen en esa cartera, es terminar con los «privilegios» de firmas como Nación Seguros, YPF o Aerolíneas Argentinas que, por la normativa vigente, monopolizan la contratación de servicios de otros entes públicos.
Es que la iniciativa, en principio, incluirá la anulación de otras reglamentaciones que favorecen a empresas del Estado en las compras de la administración pública nacional. Por ejemplo, avanza en la derogación del Decreto 1187 que en julio de 2012 firmó la ex presidenta Cristina Kirchner y obliga al Estado nacional a pagar los salarios de sus empleados a través de cajas de ahorro del Banco Nación.
En este caso, se buscará abrir el juego a otras entidades crediticias que pudieran ofrecer mejores condiciones a los estatales.
También se derogará el Decreto 1189 de ese mismo año que obligó a que el Estado nacional compre la flota automotor, aviones y barcos de combustible de la petrolera YPF.
Otro decreto en la mira
El otro Decreto que dejará de tener vigencia con la nueva norma es el 1191/2012, que determina que todas las reparticiones oficiales le compren sus pasajes de cabotaje y también sus vuelos al exterior a Aerolíneas Argentinas.
El servicio es provisto en forma monopólica por OPTAR pero, en los hechos, se superpone con oficinas que tienen algunas carteras, como la Cancillería, encargadas de tramitar la logística de sus propios funcionarios a través de la mencionada firma estatal.
Según fuentes al tanto del proyecto de DNU, todas esas contrataciones de seguros, pago de haberes, y compra de pasajes y de combustibles deberán hacerse a partir de ahora a partir de licitaciones públicas en las que podrá competir cualquier oferente.
«Queremos abrir la competencia no sólo en el tema de seguros. Si en un ministerio, por ejemplo, quisieran comprar nafta para sus vehículos es mejor abrir el juego a otras compañías y así que gane la que ofrezca mejores precios y condiciones», concluyeron en el ministerio de Desregulación.
