El contador Daniel Alfredo Neira, que había cobrado una liquidación final neta de casi $110 millones al ser despedido del Enacom e ingresó al INTA con efecto desde el día siguiente, ya no pertenece al organismo agropecuario, según pudo confirmar LA NACION. Su salida se conoció después de que el Consejo Directivo tratara los cuestionamientos por su incorporación y dejara abierta la posibilidad de revisar su designación transitoria. Se desconocen los detalles de su desvinculación.
“Neira ya no participa ni pertenece más al INTA”, fue la confirmación que obtuvo este medio. Por el momento, no se precisaron la fecha efectiva de su desvinculación ni el mecanismo por el que se concretó. LA NACION intentó contactarse con el contador, pero no hubo respuesta.
El caso había trascendido luego de que trascendiera documentación sobre su salida del Ente Nacional de Comunicaciones. Neira fue despedido con efecto desde el 31 de julio de 2026 y recibió una liquidación final neta de $109.781.999,73. El INTA formalizó posteriormente su incorporación como gerente de Contabilidad mediante la Resolución 296/2026, del 3 de septiembre, con efecto desde el 1° de agosto y por un plazo de 180 días, con posibilidad de prórroga si no se realizaba el procedimiento de selección correspondiente.
La contratación, impulsada por la Dirección General de Administración (DGA), generó cuestionamientos de integrantes del Consejo Directivo, quienes señalaron que desconocían las condiciones en que Neira había dejado el Enacom y anticiparon que analizarían revisar la aprobación. La situación había generado cuestionamientos dentro del INTA poco después de esa salida del Enacom. Su currículum llegó al Consejo Directivo del INTA a pedido de la DGA para incorporarlo como director asistente del área. Dos semanas más tarde, integrantes del Consejo Directivo habían señalado que desconocían las condiciones en que se había producido su salida del ente de comunicaciones y que analizarían revisar la aprobación.
En la reunión posterior, el Consejo consultó a su área Jurídica, pero no adoptó una decisión sobre su continuidad. “No se decidió nada”, había señalado una fuente oficial a LA NACION. También había advertido que la vigencia de la designación no garantizaba que el contador completara los 180 días: “Puede ser que dentro de 30 días, en la reunión del Consejo, decidamos suspender ese contrato”.
Según esa fuente, Jurídicos les informó que la incorporación “no había infringido normas laborales ni la Ley de Ética Pública”. Y señalaron: “En ninguna norma está escrito que alguien despedido sin causa no pueda ser incorporado a otro organismo”. Diferenció ese caso de un retiro voluntario, que puede establecer una restricción de reingreso al sector público.
La misma fuente había defendido la necesidad de incorporar a un contador con experiencia en el sector público para cubrir la vacante que había dejado el antiguo contador, quien había tomado el retiro voluntario habilitado por el organismo. También explicó que Neira había sido recomendado a Gustavo Abaurrea, a cargo de la DGA, por dos o tres personas vinculadas con áreas de contabilidad del Estado.
Sobre el conocimiento previo de su salida del Enacom, sostuvo que “el área [DGA] que buscaba cubrir la vacante sabía que lo estaban despidiendo”. Sin embargo, reconoció que en ese momento no estaba claro cómo se había concretado su salida del otro organismo. “Él lo que nos dijo fue que lo estaban despidiendo, nada más”, explicó. Añadió que, finalmente, se verificó que había sido “despedido sin causa”. “Puede haber un error en no fijarse si había sido indemnizado”, indicó.
La planilla correspondiente a su liquidación consignó, entre otros conceptos, $73.067.618,10 por indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. El monto líquido informado fue de $109.781.999,73, según la documentación. Se trata de unos US$71.000 al tipo de cambio oficial de hoy.
Sobre la modalidad de cobertura de esos cargos, explicaron fuentes del INTA que en algunos casos las designaciones pueden ser transitorias para cubrir una función hasta que se realice el concurso correspondiente. Esta es una regla general del INTA. “Todos los cargos son por concurso, pero es lógico que hasta que se cumpla el concurso el trabajo hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer”, señaló una fuente al tanto de la contratación de Neira. También planteó que es necesario agilizar esos procesos y reducir la burocracia para que las vacantes puedan cubrirse con mayor rapidez. Hasta el momento, no está claro si Neira puede acceder a la plaza a través del respectivo concurso.
Este caso se produjo, además, pocos meses después de que el propio INTA avanzara con un amplio programa de retiros voluntarios para reducir justamente su dotación de personal. El INTA tenía hasta hace meses un total de 5750 empleados. Pero con los cambios impulsados por el Gobierno el organismo habilitó dos procesos de retiros voluntarios en menos de dos años. El primero se realizó en noviembre de 2024 y alcanzó a 394 trabajadores. El segundo se instrumentó en junio de 2026 y comprendió a alrededor de 850 agentes. En este último caso, algunas solicitudes no llegaron a concretarse, no por una decisión del organismo de rechazarlas, sino porque a esos trabajadores no se les computaron los años desempeñados como personal no permanente (PNP) para acceder al beneficio, según planteó el gremio.
