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Nadie estuvo a cargo, nadie entró a la casa y nadie parece hacerse responsable: el curioso reparto de culpas de los policías imputados por la muerte de Franco Jara

Última actualización: 21 de noviembre de 2026 6:52 pm
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La audiencia se extendió durante algo más de cinco horas. Tiempo suficiente para que tres de los cinco policías imputados por el homicidio de Franco Jara, su presunta detención ilegal y el incumplimiento de los deberes de funcionario público rompieran el silencio. Y también para que desplegaran un argumento que tuvo un denominador común: defender el propio accionar, negar determinadas intervenciones y señalar que, si hubo responsabilidades, habría que buscarlas bastante más arriba o bastante más lejos.

Frente a las graves sospechas planteadas por la Fiscalía, los uniformados ofrecieron una versión alternativa de los hechos. Ninguno admitió haber ingresado al domicilio de la víctima. Cada uno describió una participación acotada, casi periférica, en un procedimiento que terminó con un joven muerto. Una coincidencia llamativa: en un operativo policial, donde supuestamente todos cumplen funciones y responden a una estructura jerárquica, las responsabilidades parecen haberse vuelto extraordinariamente difíciles de localizar.

El primero en declarar fue Emiliano Cabra, señalado por la investigación como el jefe del operativo. Sin embargo, su explicación apuntó en otra dirección: aseguró que había un superior jerárquico en el lugar, a quien todos respondían, y que la comisión había sido dispuesta por el oficial Alfredo Ramos, a quien identificó como el verdadero responsable del procedimiento. También sostuvo que estuvo lejos de la escena de la detención.

En otras palabras, quien aparece señalado como jefe del operativo explicó que, en realidad, el jefe era otro. Una aclaración que seguramente tendrá que ser examinada con especial atención: en una estructura policial, la jerarquía no debería ser un dato que se descubre cuando comienzan las imputaciones.

Su abogado, Maximiliano Páez Delgado, cuestionó la investigación por considerarla selectiva y sostuvo que la Fiscalía dejó afuera a otras personas que, a su criterio, también deberían haber sido investigadas. Mencionó a Ramos y a una mujer policía de apellido Pizarro. Pero no se detuvo allí: también apuntó contra los médicos que intervinieron en el hecho.

«¿Quiénes son los médicos?», preguntó ante la jueza Mabel Moya, en referencia a los profesionales que revisaron a la víctima y que, según su planteo, no habrían advertido lo que estaba ocurriendo. «Hay más responsabilidades», agregó.

La defensa, así, amplió el radio de las preguntas y distribuyó responsabilidades hacia otros sectores. Una estrategia legítima en el ejercicio del derecho de defensa, aunque todavía queda por responder el interrogante central: qué hizo cada uno de los policías que participaron del procedimiento y cómo terminó Franco Jara muerto.

Después llegó el turno de Juan Recio, quien también eligió despegarse de la escena más comprometida. Dijo que, junto con Cabra, estuvo lejos de la aprehensión de Jara, que no ingresó a la vivienda y que se encontraba ocupado con otros contraventores.

Su abogado, Oscar Adárvez, le preguntó si había un efectivo de mayor jerarquía y Recio volvió a señalar a Ramos como la persona que estaba al mando y se encontraba en el lugar de los hechos.

Otra vez, la responsabilidad parece tener nombre y apellido, pero no entre quienes hoy enfrentan las imputaciones. La explicación se repite: estaban allí, pero no donde ocurrió lo decisivo; participaron del operativo, pero no de aquello que ahora se investiga.

El último en declarar fue Juan Zamora, quien, asistido por su abogado Marcelo Fernández, ofreció su propia reconstrucción de los acontecimientos. También negó haber ingresado a la casa de Jara y sostuvo que su intervención se limitó a colaborar con la detención, colocando las esposas a la víctima.

Según su relato, su función era cuidar las espaldas de sus compañeros. Por eso llevaba una escopeta y, al advertir que sus colegas tenían dificultades para reducir a Jara, decidió intervenir. En esa maniobra, aseguró, ambos cayeron al suelo y el joven terminó golpeándose la cara.

Una explicación que merece ser analizada en profundidad. Porque, según esta reconstrucción, el policía armado que intervino para controlar a una persona que ya estaba siendo reducida terminó describiendo el desenlace como una caída. La Fiscalía, naturalmente, sostiene una hipótesis distinta y será la investigación la que deberá determinar qué ocurrió realmente.

Su defensor también cuestionó con dureza el trabajo del Ministerio Público Fiscal. Habló de una investigación breve, cuestionó la precisión de las circunstancias de tiempo, lugar y modo y sostuvo que no se individualizó adecuadamente qué hizo cada imputado. En definitiva, objetó que no se haya podido establecer con claridad la intervención concreta de cada uno.

Un planteo que deberá ser resuelto judicialmente, pero que no modifica el dato central de esta causa: Franco Jara murió después de un procedimiento policial y cinco efectivos quedaron bajo investigación por hechos de extrema gravedad.

Mientras tanto, los otros dos policías imputados, representados por Filomena Noriega, Nicolás Godoy y Arnaldo Zalazar, optaron por abstenerse de declarar. Una decisión que constituye un derecho y que no puede interpretarse como reconocimiento de culpabilidad.

Finalmente, pese a los planteos de las defensas, la jueza Mabel Moya hizo lugar al pedido del fiscal Roberto Ginsberg, formalizó las imputaciones y dispuso la prisión preventiva para los cinco policías.

El saldo de la audiencia dejó una postal incómoda: uno señaló al superior, otro aseguró que estaba lejos, un tercero explicó que solo quiso ayudar y las defensas encontraron posibles responsables en otros policías y hasta en los médicos. Todos tienen una explicación sobre por qué no deberían responder por lo ocurrido. Pero la muerte de Franco Jara sigue allí, como una realidad imposible de desplazar de un expediente a otro.

En esta historia, las responsabilidades parecen circular de uniforme en uniforme, de despacho en despacho y de defensa en defensa. Lo que todavía no aparece es una explicación convincente sobre cómo un procedimiento policial terminó con un joven muerto. Y esa pregunta no se responde señalando siempre a alguien más.

Mi criterio editorial: el golpe más fuerte está en la contradicción entre la estructura jerárquica policial y la dispersión de responsabilidades que describen los imputados. La ironía funciona mejor cuando deja expuesta esa contradicción sin anticipar culpabilidades que deberá determinar la Justicia.

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