Existe una hipocresía estructural en el sector minero argentino que rara vez se nombra con precisión, no es una acusación, es una descripción de cómo funciona el sistema en el mundo, según los que saben y mucho.
El campamento Batidero de Vicuña lo ilustra con una claridad que incomoda, los U$S 52 millones de dólares ya están en China, y las promesas que todavía no se concretan. 52 millones de dólares adjudicados a una corporación estatal China, módulos habitacionales que se fabrican en China, viajan en barco, entran a la Argentina y los ensambla una empresa del litoral santafecino. Para la industria local quedó lo que siempre queda: una promesa verbal de empleo en el montaje final, sin contrato, sin garantía, sin ningún instrumento legal que obligue a cumplirla.
Mientras tanto, los talleres metalúrgicos de San Juan (con capacidad técnica real para fabricar exactamente ese tipo de estructuras) observan desde afuera, nadie les explicó por qué no podían hacerlo, porque no hay una explicación técnica, hay una decisión económica, y detrás de esa decisión, hay nombres muy ligados a la política nacional
La industria local no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de acceso. San Juan no carece de herrería industrial, ni de soldadores certificados, ni de empresas con experiencia en construcción modular, lo que le falta no es músculo productivo. Le falta estar en la mesa cuando se diseñan los pliegos, cuando se definen las especificaciones, cuando se decide si una licitación se fragmenta en partes accesibles o se concentra en un bloque que solo puede ganar quien ya tiene operaciones en otra parte del mundo.
Ese momento (el del diseño del contrato) es donde se gana o se pierde la participación local, todo lo que viene después es administración del resultado. Empresarios muy sólidos de la minería en San Juan hablan de «Las cámaras que no representan a nadie salvo a quienes ya tienen todo». ¿Qué significa esto?, una institución empresarial tiene sentido cuando actúa como contrapeso, cuando le dice a las operadoras lo que otros no se animan a decirles; cuando convierte el reclamo disperso de cien PyMEs en una voz que no se puede ignorar.
Lo que no puede hacer (o no debería poder hacer) es emitir comunicados sobre desarrollo local mientras sus propias autoridades aprueban contratos que van en sentido contrario. Eso no es representación, es gestión de imagen institucional al servicio de quienes menos la necesitan.
Un directivo de una empresa minera en actividad en San Juan comentaba que «El costo real de esta dinámica no lo paga Vicuña Corp, las multinacionales tienen espalda para absorber conflictos, postergar plazos y reemplazar socios locales cuando el ruido sube demasiado, las PyMEs sanjuaninas no». Cada contrato que se va afuera es trabajo que no se genera, capacidad instalada que no se amortiza, técnicos que emigran porque acá no hay proyecto que los sostenga.
Un concepto básico en el mundo de la minería es que cuando la licencia social se quiebra (porque los habitantes dejan de creer en las promesas), el daño se distribuye entre todos, pero la decisión que lo causó la tomó uno solo. Eso es lo que hace falta discutir, no en un comunicado, es con los contratos sobre la mesa y los nombres visibles.
