El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario, que había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, y remitió la decisión al Congreso. La norma establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación, además de la convocatoria a paritarias docentes y no docentes y el refuerzo de becas estudiantiles.
La Casa Rosada argumentó que el costo fiscal de la iniciativa era “inaceptable” y que su implementación pondría en riesgo el superávit primario, eje central del plan económico. Según el veto, publicado en el Boletín Oficial, el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige precisar con claridad las fuentes de recursos para cualquier aumento de gasto no contemplado en el Presupuesto.
El Gobierno advirtió que las fuentes de financiamiento planteadas en la ley —mayores ingresos recaudados por encima de lo estimado y reasignación de partidas— eran genéricas, no garantizaban la suficiencia de fondos y no aseguraban su disponibilidad. En esa línea, calculó que la aplicación del esquema implicaría en 2025 un costo superior a un billón de pesos, generando un aumento “no cubierto” del gasto público.
Para el Ejecutivo, un desembolso de tal magnitud sólo podría financiarse con emisión monetaria, lo que alimentaría la inflación y afectaría principalmente a los sectores más vulnerables. “Este gasto sin respaldo real compromete la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica”, sostiene el texto oficial.
La oposición analiza ahora si intentará revertir el veto en una sesión especial convocada para el próximo miércoles. Para ello deberá reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, requisito indispensable para insistir con el proyecto original.
En esa misma sesión de agosto se habían aprobado también la declaración de emergencia en pediatría —en medio de la crisis del Hospital Garrahan— y el reparto automático a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), iniciativas que también serán vetadas por la Casa Rosada, aunque esos vetos todavía no fueron enviados al Congreso. El plazo para formalizarlos vence este jueves.
