El Poder Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para regular la actividad conocida como lobby y crear un régimen obligatorio de registro de reuniones, contactos e intermediaciones entre funcionarios públicos y actores privados. La iniciativa, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y obliga a transparentar quién busca influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué temas.
“Es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Allí también aparecen conceptos poco habituales en el discurso libertario, como “transparencia”, “control público”, “previsibilidad” y “publicidad”, más ligados con sus aliados de Pro y la UCR.
En el oficialismo, sin embargo, aseguran que la propuesta está inspirada en el modelo de regulación vigente en Estados Unidos.
“La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado”, argumenta el texto enviado al Congreso.
El proyecto crea dos herramientas centrales. Por un lado, un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la actividad. Por otro, un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con lobistas, detallando fecha, participantes, organismo involucrado y tema tratado.
La definición de “gestión de intereses” es amplia. Incluye cualquier actividad destinada a influir sobre decisiones públicas: desde leyes y regulaciones hasta contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o designaciones. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros, de manera gratuita u onerosa.
El régimen obliga a los gestores a informar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, deberán presentar reportes trimestrales con el detalle de todas las gestiones realizadas.
La iniciativa también establece incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan cargos en el Estado y, una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido. La restricción se extiende a empresas bajo su control.
Uno de los capítulos más sensibles está dedicado a la gestión de intereses extranjeros. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando la actividad se realiza en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá exigir documentación adicional y reportes especiales por razones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia o relaciones exteriores.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir desde cinco hasta 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia. También contempla penas de prisión -de seis meses a tres años- para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos, oculten beneficiarios reales o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
La iniciativa ya despertó cuestionamientos opositores. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) sostuvo en X que el Gobierno impulsa la regulación “tarde”, después de la aprobación de proyectos que, según planteó, reflejaron la influencia de sectores empresarios y corporativos. También vinculó la iniciativa con el denominado “Super RIGI”, al que definió como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
El proyecto lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros, Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
