CÓRDOBA.- Por decreto y en una medida en que se incluyeron varios fondos fiduciarios, la administración de Javier Milei eliminó el destinado a la “Protección Ambiental de los Bosques Nativos” (Fobosque) que para este año es de $14.710 millones (el mismo monto que en 2023, más los intereses generados por esos recursos). Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de “defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso”. También unas 25 entidades ambientales se expresaron en el mismo sentido. Alertaron que se pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias. El Gobierno, que tomó la medida con el argumento de la ley bases, argumentó, entre otras cosas, que se observaron “falencias”.
Hace unos días, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, planteó que una eliminación del fondo provocaría “un enorme perjuicio a las provincias y a beneficiarios de la Ley de Bosques que mantienen bosques nativos y reciben una compensación por los servicios ambientales que estos prestan”. La funcionaria, que fue presidenta del Cofema tres períodos, subrayó que “esto representaría un retroceso en la política de conservación de los bosques nativos que hoy, en el contexto de la crisis climática, es una de las más urgentes, prioritarias y necesarias”. Dejó en claro que existe una “gran preocupación” en todas las provincias.
La medida adoptada por el Gobierno no sorprende porque ya se venía barajando la posibilidad y, además, porque es pública su posición de rechazo a las políticas que tratan de frenar el cambio climático, tema que ni siquiera mencionó en su última presentación ante Naciones Unidas.
El fideicomiso se creó en 2018 a través de la ley 27.431; funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se estableció que las partidas presupuestarias “no podrán ser inferiores al 0,3%” del total; 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal y préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e Internacionales. Además, de donaciones, ventas de servicios y o publicaciones.
El proyecto de presupuesto 2025 que hoy empieza a tratarse en el Congreso le asignó al fideicomiso $9090 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $909,09 millones. Desde Greenpeace remarcan que esos montos son “apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”, una situación que se viene repitiendo hace varios años.
Ese fiduciario permitía administrar los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, tanto los que se destinan a las autoridades locales de aplicación, como los que financian las compensaciones a las personas titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos (art. 35, Ley 26.331), y el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos implementado por la autoridad nacional de aplicación.
En el decreto de Milei, que lleva el número 888, se consigna que “en el caso del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), previo a la transferencia al Tesoro Nacional de las sumas resultantes, corresponderá la aplicación de las sumas de dinero de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 26.331″. Es la norma de protección de los bosques nativos.
Respecto de los fundamentos de la medida, el decreto consignó que “del Informe de Auditoría realizado al efecto por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo”.
“Que, entre otras cuestiones, en dicho Informe se señalaron deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados”, dice el decreto. Agrega: “Que, asimismo, del aludido informe surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores y la inexistencia de un Manual Operativo”.
“La falta de fondos pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias, ya que el 30% del presupuesto de la Ley de Bosques se destina a apoyo institucional de las mismas para esa función. Es grave teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes son ilegales, y es por eso que venimos reclamando se penalicen”, dijo a LA NACION Hernán Giardini, responsable del área de Bosques de Greenpeace.
Por su lado, unas 25 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado hace unas semanas, pidiendo conocer el “proyecto superador” si se eliminaba el fiduciario. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, repasó que en mayo solicitaron a la Subsecretaría de Ambiente de Nación información relativa a los fondos destinados para la implementación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. “Este pedido de información aun no fue respondido hasta la fecha”, añadió.
