El Gobierno decidió avanzar sin anestesia: envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que no busca retoques menores, sino una cirugía mayor al sistema político argentino.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, apunta directo al corazón del esquema electoral: propone eliminar las PASO, modificar de raíz el financiamiento de los partidos y establecer el principio de “Ficha Limpia” para impedir que condenados por corrupción compitan por cargos públicos.
La jugada no es inocente ni técnica. Es política, cruda y frontal. El oficialismo sostiene que las primarias obligatorias son un gasto inútil que solo financia internas partidarias con plata del Estado. En otras palabras: que la política deje de pasar la gorra con fondos públicos para resolver sus propias peleas.
Pero el proyecto va mucho más allá. También busca endurecer las reglas de financiamiento, limitar aportes dudosos y redefinir el funcionamiento de los partidos, elevando exigencias para su existencia y funcionamiento.
En paralelo, la inclusión de Ficha Limpia agrega un condimento explosivo: si avanza, la política argentina dejaría de ser refugio para dirigentes con condenas, un cambio que promete abrir una guerra abierta con sectores de la oposición.
El problema no está solo en el contenido, sino en el timing. La reforma cayó sin aviso previo sobre aliados y opositores, generando ruido incluso en bloques que suelen acompañar al Gobierno. Algunos ya advierten que cambiar las reglas de juego en pleno calendario electoral es, como mínimo, temerario.
Así, el Congreso se convierte en el próximo campo de batalla. De un lado, un Gobierno decidido a achicar el Estado también en la política. Del otro, un sistema que se resiste a que le corten privilegios… o directamente le cambien las reglas.
No es una reforma más. Es un intento de reescribir cómo se compite por el poder en Argentina. Y como toda reforma de poder, promete algo seguro: conflicto.
