Uno de los países mas dotados de la Tierra, que debería ofrecer a sus habitantes mayor prosperidad que los desarrollados, tiene aún niveles vergonzosos de pobreza, de informalidad laboral y de tensiones sociales por una historia de desajustes que cuesta equilibrar. Es sabido que, gracias a los motores del agro, la energía, la minería y los servicios, en unos años se multiplicarán las exportaciones y lloverán dólares para bajar el riesgo país, aliviar deudas, aumentar importaciones y atraer inversiones.
Ese futuro promisorio no debe servir para relajarse y esperar, ya que las demandas del bolsillo acucian, aquí y ahora. Y tampoco es aconsejable un modelo rentístico donde esas divisas se utilicen para subsidiar ineficiencias en provecho de la política partidaria, las burocracias, los sindicatos y la corrupción. El kirchnerismo sueña y se frota las manos.
Si algún gobierno tuviese poder suficiente para cortar los nudos gordianos que atan de pies y manos al potencial productivo de la Argentina, el impacto sería inmediato y no solo se reactivarían aquellas regiones favorecidas, sino también otros quehaceres tanto rurales como fabriles, comerciales como de servicios, en las urbes y sus periferias, en cualquier lugar donde haya iniciativas, internet, energía y suelos fértiles. Pero a través de normas, fallos y hasta artículos constitucionales, hemos construido una red de impedimentos que dificultan la transformación, para garantizar el statu quo.
Un obstáculo crucial es la disfuncionalidad territorial de nuestro país desde que se convirtieron en provincias los antiguos territorios nacionales, con representación igual que las más habitadas. Es de sentido común una administración por regiones, reduciendo costos y mejorando eficiencias, pero ¿cómo se logra ese consenso? Sumado a ello, alinear los incentivos perversos que induce la coparticipación, pues alientan a gastar y a mantener impuestos distorsivos como ingresos brutos y sellos, núcleo del costo argentino. Es el “federalismo rentista” que traba la modernización.
Hoy cualquier juez del país, e incluso uno incompetente, puede suspender con mínima fundamentación la vigencia de una ley o de un decreto de forma precautoria por razones constitucionales, dándole efecto universal
En cuanto a la proliferación de tasas municipales, verdaderos impuestos disfrazados de tasas, desde el caso Ercolano (1922) la Corte Suprema de Justicia ha contribuido a fortalecer muchos nudos que ahora ni Alejandro Magno podría cortar. Como la doctrina del caso Esso (2021), que permite la expansión de tasas sin sustento y con arbitrarias percepciones, para seguir gastando.
Ni qué hablar del costo laboral y las “cajas sindicales”. Sin duda, la eliminación de los aportes solidarios y la gestión de las obras sociales por los sindicatos (caso único en el mundo) son nudos que deben ser cortados para que esos dineros, deducidos compulsivamente, aprovechen a la gente sin sustracciones en el camino. Perciben alrededor de 1000 millones de dólares por aportes obligatorios y solidarios, además de cifras inmensas por las obras sociales que regentean en forma directa y a través del Fondo Solidario de Redistribución. Así se alimentan sobreprecios, falsas prestaciones y retornos a dirigentes. Pero como es prioritaria la modernización laboral para que las empresas mejoren su competitividad, el Gobierno ha debido negociar con ellos. Esos son límites de la realidad y cuando haya más votos, irá por sus cajas.
Otro nudo es la banca pública. Una medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla frenó la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) con un modelo similar a YPF, demostrando lo difícil que es superar la fuerza de los intereses creados. El BNA cuenta con 17.500 empleados y una red de 720 sucursales y es el mayor banco del país. Los bancos de fomento siempre han sido concesiones de la política a sectores organizados, a costa del bienestar general con oportunidades para ubicar correligionarios, parientes y amigos en directorios y cargos remunerados.
Sus carteras suelen estar contaminadas de malos créditos como lo comprueban todas las grandes bancarrotas cuyas nóminas de acreedores siempre se inician con la banca oficial, sustituyendo a los privados que se fueron antes. La dualidad entre rentabilidad y fomento abre la puerta a la política, las influencias sectoriales, los negocios sindicales y la presión de gobernadores. Ni qué hablar de la mesa de dinero que le permite trabajar en forma discrecional con financistas particulares mediante arreglos opacos, sin confrontar precios de mercado. Poco aporta al interés común la expansión del “grupo Banco Nación” en seguros, fondos comunes, bursátiles y de servicios. Alberto Fernández creó una enorme red de corrupción mediante la contratación obligatoria de seguros para todos los riesgos del Estado a través de Nación Seguros que favoreció al esposo de su secretaria. En cuanto a Nación Servicios, con 1300 empleados, la mitad afectados a la tarjeta SUBE, tiene 23 cargos gerenciales y cinco directores con elevados sueldos de bancarios, sin serlo.
En 2008, a instancias del tristemente célebre Amado Boudou y con apoyo de dirigentes que cuestionaban a las AFJP por cobrar altas comisiones, se frustró el esfuerzo de 14 años de crear un mercado de capitales en la Argentina y esa palabra quedó prohibida para siempre (ese manotazo demuestra que el riesgo era alto y, las comisiones, bajas). Los fondos confiscados pasaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES e incluye acciones de 41 empresas por un valor de 10.000 millones de dólares. Si se vendiesen, podrían proveer recursos para la securitización de hipotecas como el Fannie Mae norteamericano, impulsando el crédito para viviendas y la alicaída construcción. Pero para venderlas se requiere una ley especial, otro nudo gordiano que debería cortarse.
Otro gran obstáculo para la creación de empleo fue establecido por la Corte Suprema cuando permitió demandar por daños además de la cobertura tarifada de la ley de riesgos del trabajo (caso Aquino, 2004) cuyos montos debían ser un tope. Desde entonces, la demandas por accidentes y enfermedades laborales crecieron sin parar, en razón de peritajes por médicos que cobran honorarios porcentuales y no fijos. Para limitar esta “industria del juicio” se dictó una ley en 2017 previendo la creación de cuerpos médicos forenses, pero pocas provincias lo han hecho. De modo que, a pesar de bajar la siniestralidad, aumenta la litigiosidad y, con ello, el empleo irregular.
El inventario de distorsiones blindadas por derechos adquiridos, senadores remisos, cautelares infundadas o movilizaciones ruidosas es amplísimo e incluye desde el ausentismo docente basado en estatutos que olvidan la educación hasta las múltiples leyes especiales ampliando el Programa Médico Obligatorio que cargan prestaciones de alto costo, sin financiación
Muchas reformas en curso han sido frenadas gracias a cautelares decretadas por jueces variopintos a instancias de los afectados. La reforma constitucional de 1994 (artículo 43) estableció un amparo sin antecedentes conocidos: cualquier juez del país (nacional, provincial o de paz), e incluso incompetente, puede suspender con mínima fundamentación la vigencia de una ley o de un decreto de forma precautoria por razones constitucionales, dándole efecto universal (erga omnes). La misma facultad que en Francia o España tienen los consejos constitucionales. Pero a diferencia de los legisladores, los jueces conocen las quejas de los afectados, pero ignoran los objetivos de bienestar colectivo que ponderaron aquellos al sancionar las leyes. Un verdadero disparate, como tantos otros que explican la profundidad de nuestra crisis.
El ejemplo extremo fue la suspensión de 81 artículos de la ley de modernización laboral por parte del juez Raúl Horacio Ojeda, militante y exfuncionario kirchnerista, a instancias de la CGT, luego de su aprobación por las dos cámaras del Congreso Nacional, porque a él le parecía que perjudicaba a los afectados. Todas las normas generales tienen algún costo y excluyen a algún sector. Para eso existen la política y los debates legislativos. Esa malhadada reforma ha sido un mecanismo de multiplicación de nudos para salvaguardar intereses creados.
El inventario de distorsiones blindadas por derechos adquiridos, senadores remisos, cautelares infundadas o movilizaciones ruidosas es amplísimo e incluye desde el ausentismo docente basado en estatutos que olvidan la educación hasta las múltiples leyes especiales ampliando el Programa Médico Obligatorio (PMO) que cargan a la seguridad social y a las a prepagas con prestaciones de alto costo, sin financiación.
Quizás mediante inteligencia artificial se pueda recrear una versión criolla del rey de Macedonia, para que, montado en su Bucéfalo, arremeta con éxito contra los incontables nudos argentinos, desafío mucho mayor que el que superó en Frigia.
