OAKLAND.– Meta comenzó este martes uno de los juicios más importantes de su historia. Una coalición de 29 estados de Estados Unidos acusa al gigante tecnológico de haber diseñado deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción entre niños y adolescentes, retenerlos durante más tiempo en sus plataformas y aumentar así sus ingresos publicitarios.
El proceso comenzó en un tribunal federal de Oakland, California, y representa la mayor prueba jurídica hasta el momento sobre los efectos de las redes sociales en los usuarios jóvenes. La ofensiva legal se inició en 2023 y está encabezada en este juicio por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que actúan como casos representativos de los 29 estados demandantes.
“El modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”, afirmó ante el jurado la fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill. Según la funcionaria, la compañía “se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores”.
Los fiscales sostienen que Meta utilizó deliberadamente herramientas como el desplazamiento infinito, las notificaciones y los algoritmos de recomendación para aumentar el tiempo que niños y adolescentes permanecen conectados. También aseguran que la compañía conocía, gracias a sus propias investigaciones internas, algunos de los riesgos que enfrentaban los jóvenes, pero los ocultó o minimizó ante el público.
La acusación se completa con otro frente. Los estados sostienen que Meta recopiló datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la legislación federal. También cuestionan los filtros de apariencia y las herramientas destinadas a limitar el tiempo de uso, que, según los fiscales, resultaban fáciles de eludir.
Las acusaciones recibieron además el respaldo del testimonio de Arturo Béjar, exempleado de Meta, quien sostuvo ante el tribunal que la compañía detectó a través de sus investigaciones internas una “cantidad significativa de daños, incluidos daños a los jóvenes”, pero no utilizó de manera efectiva esos hallazgos para introducir cambios destinados a mejorar el bienestar de los usuarios.
Béjar describió además una cultura interna en la que, entre 2019 y 2021, la seguridad quedaba relegada frente a la velocidad con la que se lanzaban productos y funciones. Según explicó, durante ese período estaba extendido dentro de Meta el lema “move fast and break things” (“muévete rápido y rompe cosas”), que transmitía a los empleados que la prioridad era poner rápidamente los productos en manos de los usuarios, mientras que la seguridad era una cuestión secundaria. El exempleado aseguró que su cargo lo llevó a mantener un contacto habitual con Mark Zuckerberg, con quien estimó haber hablado al menos un centenar de veces.
El exempleado también cuestionó las cifras públicas de Meta sobre la exposición a contenidos dañinos. Según Béjar, la empresa informó que el riesgo de que los adolescentes encontraran contenido gráfico o violento oscilaba entre el 0,01% y el 0,02%. Sin embargo, afirmó que encuestas internas a usuarios que Meta no publicó mostraban una incidencia entre 100 y 400 veces superior a la comunicada públicamente.
Los demandantes vinculan esas prácticas con problemas como ansiedad, depresión e incluso suicidio entre usuarios jóvenes. Además de las sanciones económicas, buscan cambios importantes en Instagram y Facebook, entre ellos restricciones de edad, límites al tiempo de uso y modificaciones o eliminación de funciones consideradas adictivas, como el desplazamiento infinito.
Meta rechazó las acusaciones. Su abogado Paul Schmidt reconoció ante el tribunal que algunas personas pueden experimentar dificultades con el uso de las redes sociales, pero sostuvo que eso no constituye necesariamente una adicción. También afirmó que los estudios no muestran una relación clara entre el uso de redes sociales por parte de adolescentes y una falta de bienestar.
La compañía asegura que trabajó con padres, expertos y autoridades para incorporar mecanismos de protección para niños y adolescentes. Schmidt sostuvo además que Meta y su cofundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, comparten el objetivo de mejorar sus servicios y no de hacerlos peligrosos.
Zuckerberg será precisamente uno de los testigos clave del proceso, junto con el responsable de Instagram, Adam Mosseri. El juicio debería extenderse durante unas seis semanas. Un jurado de ocho personas emitirá un veredicto consultivo, pero la decisión final sobre la responsabilidad de Meta quedará en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.
Las consecuencias económicas podrían ser enormes. Los fiscales generales todavía no definieron una cifra definitiva, aunque durante una audiencia celebrada la semana pasada señalaron que las sanciones podrían rondar los US$200.000 millones, equivalentes a aproximadamente tres años de beneficios después de impuestos de Meta. La propia compañía advirtió que las multas podrían alcanzar US$1,4 billones, una suma cercana a su valor de mercado.
Fuera del tribunal, madres que aseguran que sus hijos fueron inducidos a quitarse la vida por las redes sociales reclamaron responsabilidades. “El poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas”, afirmó Lori Schott, una de ellas, en un mensaje dirigido a Meta, Zuckerberg y Mosseri.
El caso evoca para algunos especialistas la ofensiva judicial contra las grandes tabacaleras en la década de 1990. Decenas de estados demandaron entonces a cuatro compañías por minimizar los efectos nocivos de sus productos y alcanzaron en 1998 un acuerdo histórico que impuso sanciones económicas y cambios en su comercialización. Desde entonces, las tabacaleras pagaron más de US$176.000 millones.
Una derrota de Meta en Oakland podría convertirse en un precedente de enorme impacto para toda la industria tecnológica. El resultado no solo determinará si la empresa debe afrontar sanciones multimillonarias: también podría obligarla a modificar algunas de las características centrales de Instagram y Facebook y marcar hasta dónde pueden llegar los tribunales para responsabilizar a las redes sociales por sus efectos sobre los menores.
Agencias AP, ANSA y AFP
