La cuarta edición del Argentina Carbon Forum reunió en Buenos Aires a desarrolladores de proyectos, empresas, especialistas y representantes del sector público en medio del creciente interés por los mercados de carbono. Durante el encuentro, organizado por Génesis y MEXICO2, se destacó el avance de distintas iniciativas en el país, según explicaron, aunque también quedaron expuestas las diferencias sobre el marco regulatorio y la propiedad de los créditos de carbono.
Uno de los temas centrales fue el crecimiento del mercado global, estimado en US$1,3 billones anuales, y las oportunidades que podría representar para la Argentina. Según los especialistas que participaron del foro, los proyectos vinculados a la conservación de recursos naturales, la agricultura regenerativa y la ganadería sustentable son los que muestran mayor demanda y mejores valores dentro del mercado voluntario de carbono.
En las exposiciones se remarcó que los créditos generados por proyectos basados en la naturaleza alcanzan precios superiores a los de origen tecnológico. Dentro de este segmento, las iniciativas relacionadas con agricultura y ganadería regenerativas se ubican entre las más valoradas, con cotizaciones que pueden oscilar entre US$18 y US$35 por tonelada de carbono, detallaron.
Sin embargo, junto con las oportunidades surgieron cuestionamientos por la falta de definiciones oficiales. Organizadores y participantes reclamaron al gobierno nacional por la demora en la presentación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) ante las Naciones Unidas, un compromiso asumido por los países que integran el Acuerdo de París.
La presencia del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, generó expectativas sobre una definición respecto de este tema. Durante el encuentro también tomaron la palabra la senadora misionera Sonia Rojas Decut y la diputada jujeña María Inés Zigarán, quienes defendieron la idea de un federalismo ambiental basado en las facultades que la Constitución reconoce a las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios.
Ese planteo abrió uno de los principales debates del foro: quién debe ser considerado titular de los beneficios económicos derivados de los créditos de carbono. Mientras algunos sectores provinciales sostienen que las jurisdicciones tienen derechos sobre los servicios ecosistémicos generados en sus territorios, desde entidades empresarias y rurales advierten que la propiedad corresponde a los dueños de la tierra o a quienes desarrollan los proyectos.
La discusión se profundizó a partir de iniciativas legislativas impulsadas en las últimas semanas y de experiencias provinciales como la de Misiones, que avanzó con un esquema jurisdiccional validado por el estándar internacional Verra. Diversas organizaciones privadas sostienen que este tipo de mecanismos genera incertidumbre para las inversiones y reclaman una normativa nacional que establezca reglas claras para el mercado.
Recordaron que Chile, que con una ley sancionada en 2022 ya cuenta con inversiones desde Suiza por 8400 millones de dólares para proyectos a realizarse en su territorio, según explicara Daniel Blum, Carbon Policy Analyst, AlliedOffsets, mostrando que países como Brasil son más seductores para los inversores que la Argentina.
Según destacaron, el tamaño del mercado crece, 1,3 billones de dólares por año, pero las empresas dudan en tomar estas iniciativas, liderando las empresas tecnológicas como Microsoft la demanda, luego el Oil & Gas, seguidos del sector aéreo e industrial como los más interesados en participar del negocio global.
El debate también alcanzó a las iniciativas impulsadas desde algunas provincias para regular el mercado voluntario de carbono. Desde la Mesa Argentina de Carbono, la Asociación Forestal Argentina y la Sociedad Rural Argentina vienen advirtiendo que estos esquemas podrían generar incertidumbre entre los inversores al superponer competencias y derechos sobre los créditos generados por proyectos privados.
Durante uno de los paneles del foro, Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), cuestionó esta tendencia y afirmó que los créditos de carbono pertenecen a los propietarios de la tierra o a los desarrolladores de los proyectos. “Me sorprende que se aplauda en este recinto el avasallamiento de la propiedad privada en la Argentina”, señaló, al tiempo que rechazó las iniciativas legislativas que buscan otorgar participación a las provincias sobre estos activos ambientales.
El dirigente rural también defendió el proyecto impulsado por la Mesa Argentina de Carbono para establecer reglas de funcionamiento y definir la titularidad de los créditos. Según sostuvo, la falta de claridad normativa podría afectar el ingreso de inversiones en un mercado que, de acuerdo con estimaciones del sector, tendría potencial para movilizar miles de millones de dólares anuales. Además aseguró que la entidad se opondrá a cualquier propuesta que, a su criterio, afecte los derechos de los productores y propietarios de la tierra.
