La tendencia que propone globalmente limitar o suprimir el uso del celular en las aulas continúa profundizándose. Las expectativas inicialmente favorables sobre sus posibilidades educativas van quedando superadas ante las evidencias.
Estudios del Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires entre más de 3200 estudiantes secundarios reportaron un promedio de 6 horas y 10 minutos frente al celular cada día, equivalente a 92 días al año, con guarismos que aumentan a mayor edad. Por su parte, los resultados de los estudios PISA, de la OCDE, ya mencionaban en 2022 que nuestro país registraba uno de los niveles más altos por distracción generada por estos dispositivos, con un porcentaje del 54% de alumnos que reconocían perder la atención en clase, frente un promedio del 30% en otros países.
En la Ciudad de Buenos Aires la restricción está vigente desde agosto de 2024, en escuelas públicas y privadas de nivel inicial y primario de la jurisdicción, y desde marzo último también en establecimientos secundarios, tanto para estudiantes como para docentes. Las evaluaciones reportaron mejoras importantes en el nivel de atención, con un registro docente de un 34% menos interrupciones y un 28% de mejores aprendizajes.
Mediante una resolución incorporada al Reglamento Interno, en estos días, el tradicional Colegio Nacional de Buenos Aires dispuso que los estudiantes no podrán utilizar celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos personales durante las horas de clase, debiendo conservarlos dentro de las mochilas y silenciados cuando no medien motivos de salud o pedagógicos. Esta institución, al igual que la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), depende de la Universidad de Buenos Aires desde 1911 y no de la ciudad, por lo que había quedado exceptuada de la norma porteña. La resolución contempla también trabajar junto a alumnos y docentes en la sensibilización para promover hábitos digitales saludables.
Aunque sin definir la fecha de implementación, el Senado bonaerense avanzó recientemente con una ley similar para escuelas secundarias. La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Argentina (Aiepa), que nuclea a 5000 colegios privados del país, reclamó mecanismos para que cada establecimiento pueda conservar la autonomía de decisión en este campo acorde con su proyecto pedagógico, contemplando también que la regulación proteja no solo a estudiantes, sino también a docentes y directivos ante cuestionamientos o conflictos con las familias.
El debate sobre el impacto de la tecnología en niños, adolescentes y adultos excede largamente el ámbito escolar y reclama la atención del entorno familiar. Las reglas y protocolos de aplicación que acompañan las normas se van perfeccionando. La transformación que pareció acelerarse en una dirección es hoy revisada, pero debe hacerse con una mirada que no nos deje anclados a concepciones pedagógicas del pasado. Debemos entender que aquella escuela a la que asistimos quienes hoy somos adultos ya no responde a las necesidades del presente y del futuro. Desde el imaginario social respecto de lo que debe ser una escuela, “la gramática de la escolaridad”, en términos de historiadores de la educación como David Tyack y Larry Cuban, deberíamos poder entender que las escuelas cambian a las reformas más de lo que las reformas cambian a las escuelas. Allí radica el mayor desafío que enfrentamos.
