Todo lo actuado desde el 13 de octubre no tiene validez, y se dejó sin imputados a los principales apuntados de la causa del Acueducto Gran Tulum. Para volver a sentarlos en ese lugar, la Fiscalía tendrá que empezar de nuevo.
Se esperaba un trámite y llegó un terremoto. En el tercer round, la magistrada debía resolver el pedido de los defensores de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, ex presidentes de OSSE, para definir si el proceso seguía en pie o quedaba en pausa. El Ministerio Público ya había imputado y ya había contado, con nombres y apellidos, cómo creía que se manejó la contratación y la ejecución de la obra. Entonces llegó el fallo, y en Tribunales se quedaron sin palabras.
El golpe tiene firma: los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair. Habían recusado a Lucero por “falta de imparcialidad manifiesta” y, cuando ella rechazó el planteo, encontraron su arma. Según ellos, la jueza no podía resolverlo sola: tenía que habilitar al Tribunal de Impugnación para que lo revisara. No lo hizo, y ese atajo se convirtió en la grieta por donde se metieron. Guardaron el argumento, esperaron la audiencia de formalización y lo jugaron en el momento exacto. Les salió redondo.
Ahora la jueza intenta tapar el error. La causa quedó en manos de Impugnación, que deberá decidir si Lucero sigue al mando o se hace a un lado. Mientras tanto, lo que se hizo en las audiencias previas no vale nada y el expediente retrocedió a la investigación preliminar, como si el fiscal Sebastián Gómez nunca hubiera hablado.
LA Fiscalía dice que el impacto es grande, 10 de los 11 nombres que Gómez había imputado dejaron de serlo, y seguirán así hasta que haya una nueva formalización.
Entre ellos, tres cargaban con el paquete más pesado, Sergio Uñac, Cristian Andino y Sergio Ruiz. A los tres los alcanzaba la sospecha de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Para el resto, la Fiscalía reservó dos delitos, pero con grados distintos de responsabilidad. Gustavo Mastelono, Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso aparecían como partícipes necesarios de la defraudación y autores de la violación de deberes. Guillermo Nicolás Sirerol y Juan Carlos Caparrós, también ex presidentes de OSSE, figuraban como autores de ambos.

