Con una comitiva encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el Gobierno argentino enviará representantes en las próximas horas rumbo a Hamburgo, Alemania, para participar de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en medio del conflicto por la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.
En las audiencias, que serán el próximo lunes y martes, el Gobierno buscará que se decreten las medidas provisionales que buscan impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión podría conocerse dentro de las próximas dos semanas, estiman fuentes oficiales.
Casi un mes atrás, la Argentina pidió al Tribunal la adopción de medidas provisionales para que se ordene el cese urgente de las actividades de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en relación con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. Se trata de empresas de capitales estadounidenses e israelíes.
Ante la urgencia de la solicitud, el Tribunal fijó audiencias orales para este 10 y 11. La Argentina y el Reino Unido deberán presentar sus argumentos. Después, el Tribunal se tomará un tiempo para decidir.
En el Gobierno explican que hay cuatro escenarios posibles.
El primero, que se haga lugar al recurso presentado hasta que se resuelva la cuestión de fondo y se frenen provisoriamente los trabajos en la zona.
El segundo es que se ordene que se frene el proyecto totalmente, lo que ven casi imposible que suceda.
El tercero, que el Tribunal diga que no tiene competencia, y por último, que avale la explotación.
El primer escenario es el que confían que puede ser el más probable y que sería una suerte de primera victoria para la Argentina, estiman fuentes oficiales consultadas por LA NACION.
La presentación argentina fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, en medio de la avanzada de la administración mileísta para impedir la explotación petrolera en la zona.
Desde septiembre pasado, cuando el presidente Javier Milei habló en cadena nacional por la causa Malvinas, en la que marcó un giro con lo que siempre había dicho, el Gobierno activó distintos frentes para la preservación del área. Entre ellos, el planteo ante el Tribunal del Mar y presentó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que está trabado en el Congreso.
Desde entonces, la Argentina viene solicitando el cese inmediato de las actividades de explotación del proyecto Sea Lion.
La defensa argentina encabezada por Ibarzábal Murphy está integrada por Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.
También por el neerlandés Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
En su reclamo ante el Tribunal Internacional, Argentina identificó que la inminencia de la explotación hidrocarburífera del llamado proyecto “Sea Lion” “no puede esperar a los tiempos habituales de conformación del tribunal de arbitraje” y por eso elevó el reclamo urgente ante el Tribunal del Mar para impedir que avancen las operaciones mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá la controversia de fondo.
