Después del escándalo en el Salón Blanco del Congreso con gritos incluidos hacia Martín Menem, y de filtrar posteriormente los chats sobre cómo se armó la controvertida visita a represores en el penal de Ezeiza que realizó junto a una comitiva de La Libertad Avanza, la diputada de esa fuerza Lourdes Arrieta reveló un proyecto de ley y un decreto reglamentario supuestamente elaborados por sus compañeros libertarios con el presunto fin de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad.
En el primero de los tres hilos que colgó este domingo por la noche en la red social X, la legisladora sostuvo que el objetivo que perseguían sus colegas de la fuerza de Javier Milei con las iniciativas propuestas a través de un grupo de WhatsApp era “obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.
El sábado, cuando difundió paso por paso los detalles del encuentro en la cárcel de Ezeiza, Arrieta mencionó que en esa aplicación de mensajería instantánea circuló un texto de ley que tenía como fin beneficiar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar iniciada en 1976, algunos de los cuales visitaron en ese penal.
👉🏻 Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas.
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
Según cuenta en estas publicaciones, la abogada Laura Olea, quien creó uno de los grupos el 20 de marzo de este año, les envió por ese medio un proyecto de ley destinado a «regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal”; y un decreto reglamentario “para incluir causas de lesa humanidad».
En su última publicación, la de este domingo, Arrieta sacó a la luz una iniciativa que tituló como “Proyecto Plazo Razonable” que en su primer artículo propone: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘8) Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
En los fundamentos, se argumenta que ese plazo “constituye el máximo razonable de duración de un proceso por el que la garantía establecida en la doctrina de nuestros tribunales” y que, entre otras cosas, “supera el que hasta la fecha surge de la jurisprudencia nacional e internacional”.
En tanto, en el “Decreto Reglamentario” que Arrieta adjuntó en el último de sus hilos, “se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal” y se aclara que “vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción” penal.
“El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, amplía el primer apartado.
El segundo artículo del decreto proyectado aclaraba, en tanto, que “la garantía no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente».
En los considerandos, además, el texto indicaba que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.
Y también remarcaba que “la política de derechos humanos es la única de las políticas del Estado que mira al pasado” y que “la magnitud y la cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y el narcotráfico.
En ese marco, el proyecto sostenía que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.
En ambos casos, tanto con su publicación del sábado como en la del domingo, Arrieta buscó correr a Javier Milei del escándalo, poco después que el Presidente asegurara durante una entrevista que no es su agenda el tema de los represores, en medio de la tensión con al vicepresidente Victoria Villarruel.
“Intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. No es la agenda del Presidente Javier Milei”, escribió. Y completó: “Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.
En medio de esta tensa interna, la hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habría decidido echar de La Libertad Avanza a la legisladora mendocina, con lo cual el oficialismo perdería un miembro de la bancada. Su salida se concretaría el próximo martes.
