Para muchos prestadores del sector privado de la salud, el 31 de diciembre de este año es una fecha clave: hasta ese día estará vigente la medida que suspende el inicio de juicios de ejecución por deudas impositivas y de obligaciones de la seguridad social por parte de ARCA. Con efecto sobre los contribuyentes de la actividad sanitaria, esa disposición rige nada menos que desde 2002. En las casi dos décadas y media que pasaron hubo varias prórrogas, pero no una solución para el problema de fondo. La extensión del período de suspensión de las ejecuciones-algo que podría volver a disponerse- se hizo por última vez en en julio pasado, mediante la resolución 5736 de ARCA.
“Nadie sabe cómo salir de eso”, dijo en diálogo con LA NACION Ricardo Simes, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entidad que nuclea a casi 40 prestadores y financiadores sin fines de lucro. Para el directivo, que preside el Hospital Sirio Libanés, “los juicios laborales y la deuda previsional son las cosas que más condicionan al sistema de salud”.
“Yo sostengo que los pagos que hace por ejemplo el PAMI [como contraparte de los servicios médicos] deberían tener un aumento que no vaya al prestador, sino que la plata derivada de esa suba se retenga y se envíe a ARCA, para ir saldando deudas”, describió, como una alternativa. Y agregó: “Otra salida que plantean algunos es que el Estado mande pacientes para atender, y que el valor de las prestaciones se impute a saldar deudas. Posiblemente haya que hacer las dos cosas, pero hay que resolver el problema”.
En relación con la magnitud de la cuestión, la Unión Argentina de Salud (UAS) -que reúne a diferentes actores del sector- informó el año pasado que unas 5000 instituciones de diferentes lugares del país habían sido identificadas como deudoras por ARCA. Principalmente, se trata de instituciones que no son propiedad de prepagas ni de obras sociales. No se conocen estimaciones sobre el monto implicado.
Respecto de la situación actual en cuanto a costos e ingresos, Simes sostuvo que hay que diferenciar a financiadores (prepagas y obras sociales), prestadores (clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico) y actores integrados (son financiadores, por tener planes de salud propios y, a la vez, dan servicios en sus establecimientos).
“Los prestadores estamos muy complicados”, con aranceles que se ubican “entre 35% y 40% por debajo respecto de los valores históricos”, afirmó. Pero, ¿cómo ajusta el sistema, si existe tal desfase? Según Simes, ajustó con la declaración de emergencia sanitaria, que suspendió las ejecuciones por deudas con ARCA (la suspensión sigue, ya sin emergencia formalmente establecida), y con un factor también muy sensible: los ingresos laborales. “Es injusto que un médico o una enfermera, que tienen preparación y hacen un trabajo sacrificado, cobren lo que cobren”, dijo. Agregó que ya no se da la tendencia vista en los últimos años, vinculada con la salida de médicos de las cartillas, porque los afiliados que ya abonan la prepaga, no quieren agregar otro pago cuando van a la consulta.
La segunda cuestión que Simes mencionó como condicionante del sistema, aclaró, afecta a todos los actores. “Hay instituciones grandes que, si prosperan un par de juicios laborales, no sé si no se concursan o cierran”, evaluó. También mencionó los litigios por coberturas, por ejemplo, de drogas de alto costo sin eficacia probada, o de cuestiones que no son estrictamente de salud. “Alguien paga eso; el financiador transfiere el costo y lo hace pagando de menos al prestador, y el prestador lo traduce en que los sueldos no son buenos y, entonces, los médicos no cobran como deberían. Magia no hay”, afirmó.
Respecto de la Justicia, dijo tener expectativas en el funcionamiento de una agencia de evaluación de tecnologías, porque implicaría darle a los jueces “una herramienta técnica para saber si algo sirve”. Según Simes, en el Ministerio de Salud y en la Superintendencia de Servicios de Salud hay interés en resolver otra cuestión que está desde hace años en la agenda del debate: la revisión del Programa Médico Obligatorio (PMO), el conjunto de prestaciones exigidas a las prepagas y a las obras sociales.
La asociación Acami centró este año su Congreso Argentino de Salud -hecho días atrás en Buenos Aires- en el debate sobre el rol de la inteligencia artificial (IA) en los servicios médicos. “Observando imágenes, la IA va a ser más precisa que un profesional, pero no va a reemplazarlo y, además, se van a generar distintos trabajos” a partir de su implementación, según la lectura hecha por Simes.
En el encuentro, hubo expositores que coincidieron en que “un algoritmo no puede reemplazar el contacto humano”, que muchas veces excede la prestación del servicio profesional. Entre las conclusiones, se puntualizó que las nuevas tecnologías se usan, por ejemplo, “para la digitalización de historias clínicas, la omnicanalidad de información dada al paciente y la interoperabilidad entre áreas de una institución de salud”. Sin embargo, se apuntó también que “los profesionales médicos no tienen tiempo para capacitarse”, algo que dificulta la implementación de avances.
