EL CALAFATE.- Por primera vez, el Poder Judicial de Santa Cruz será sometido a una exhaustiva revisión administrativa y contable que dejará expuestos desde los fondos presupuestarios hasta el estado de las causas judiciales pendientes. La orden de rendir cuentas emanó del renovado Tribunal Superior de Justicia, que ayer entró en funcionamiento pleno.
También se tomarán medidas por la demora que atraviesa la actividad judicial por el paro gremial sobre el cual no se había pedido, hasta esta semana, el dictado de la conciliación obligatoria.
La información surge de las actas del Acuerdo Extraordinario firmado por ocho de los nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia que se reunió por primera vez anteayer, luego de la Corte Suprema avalara la ley que amplió el cuerpo de cinco a nueve miembros.
Con la mayoría asegurada por las nuevas designaciones, se votó para la presidencia a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y se avanzó con la solicitud de un detallado pedido de informes en el interior del propio Poder Judicial.
El análisis solicitado deberá detallar los créditos establecidos en la Ley de Presupuesto Provincial, la ejecución presupuestaria y los créditos ejecutados, recursos propios y otros egresos, obligaciones existentes y devengadas.
En el mismo informe que deberá ser presentado por el administrador general del Poder Judicial, el contador Fernando Ortiz de Zárate, deberá estar el detalle de la masa salarial de magistrados, funcionarios, personal superior y demás empleados del Poder Judicial; el costo mensual en concepto de tributos y servicios en cuanto a lo que se abona de manera global y en cada una de las reparticiones, obras, equipamiento informático, contratos de locación vigentes y costos de los mismos. También, un informe amplio del parque automotor y dependencias a las cuales fueron asignadas las unidades. Asimismo, deberá contener información detallada sobre las “licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y contrataciones directas, celebradas durante los ejercicios 2025 y 2026”.
Este es un punto crítico, dado que el 12 de enero, en medio de la feria judicial, el Tribunal dispuso un aumento de sueldos cercano al 50% escalonado a octubre, un porcentaje que supera con creces las proyecciones de inflación anual que determinan los acuerdos paritarios. Con esta mejora, el sueldo de un vocal del Tribunal Superior treparía a entre 20 y 24 millones de pesos según la antigüedad.
En un esquema de caída pronunciada de los ingresos a las arcas provinciales, y cuando los estatales en ese momento, y aún hoy, no obtuvieron incrementos salariales, la decisión económica de los jueces exacerbó el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por la falta de recursos para financiar los nuevos montos salariales.
Fuentes oficiales del gobierno confirmaron a LA NACION que al Poder Judicial solo se envió lo que estaba previsto en el presupuesto aprobado por la Legislatura. El pedido de incremento de sueldos fue posterior.
En febrero, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz –gremio que pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte por considerar, entre otros argumentos, que la misma afectaba los salarios judiciales– inició medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial.
El conflicto tiene paralizada desde febrero la actividad judicial, situación por la cual anteayer, por mayoría, se decidió el llamado a conciliación obligatoria, con la resistencia de los vocales que se resistían a la ampliación.
En otro de los puntos, el nuevo Tribunal Superior de Justicia dispuso que todo ingreso al Poder Judicial se realice a través de concursos abiertos y públicos de antecedentes y oposición, y resolvió que oportunamente evaluará la modalidad de los concursos y temarios, en tanto se requirió que la Dirección de Gestión Administrativa y RRHH, en un plazo de dos días, remita por correo electrónico un informe detallado de los ingresos producidos desde el año 2025 hasta ayer. Le dio además tres días para informar sobre los funcionarios del Poder Judicial que prestan funciones fuera de la provincia.
El paro gremial y la causa ante la Corte resuelta la semana pasada generaron una demora en la tramitación de expedientes en todos los fueros del Poder Judicial; por esa situación, ayer el Tribunal ordenó que todas las secretarías del TSJ presenten un “informe sobre las causas en trámite” que tengan.
Un detalle similar se solicitó a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Jueces de Recursos y Cámaras en lo Criminal de ambas circunscripciones judiciales de la provincia. Les pidieron que en un plazo de cinco días incluyan si existen personas privadas de la libertad.
