El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que la expresidenta no está proscripta. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.
Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. En declaraciones a Radio Con Vos, consideró válido que cada sector defienda sus argumentos y sus convicciones en democracia, y sostuvo que esas posiciones no deben ser censuradas.
Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.
En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación es una medida que “está prevista hace muchos años en el Código”.
Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
El magistrado recordó que la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2 ya había sido confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que se había cumplido con el requisito del doble conforme. La defensa acudió entonces a la Corte mediante un recurso de queja. “Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, explicó.
El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.
La defensa de Cristina Kirchner amplió el 29 de septiembre su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sus abogados, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, incorporaron documentación que, según sostienen, cuestiona los fundamentos de la condena. También denunciaron actos de intimidación contra la expresidenta, entre ellos el avance sobre sus bienes y declaraciones de jueces que intervinieron en la causa.
