En Brasil hay tres asuntos que dejaron de discutirse en voz baja: la amnistía a los presos del 8 de enero (que asaltaron la Plaza de los Tres Poderes), la condena a 27 años de Jair Bolsonaro y la permanencia del ministro Alexandre de Moraes en el Supremo Tribunal Federal (STF). Durante cuatro años fueron el reclamo de una minoría sin fuerza para convertirlo en ley, pero eso cambió a partir del domingo pasado. La primera vuelta no definió la presidencia —Flavio Bolsonaro sacó 47,03% contra 45,16% de Lula y el balotaje es el 25— pero sí le entregó los votos que le faltaban. Y eso no es solo asunto brasileño, porque define la capacidad de reforma de nuestro principal socio comercial.
Conviene empezar por la aritmética simple. En Diputados, las bancadas de derecha suman 276 sobre 513 y en el Senado, 49 sobre 81. El Partido Liberal pasó de 99 a 121 diputados y tendrá 28 senadores, y de los veinte gobernadores definidos en primera vuelta, trece son del campo conservador, entre ellos los de São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Pero el dato decisivo no está en esos totales, sino en que el PL de Bolsonaro le sacó bancas al famoso “Centrão”. Donde había una federación de partidos que negociaba su apoyo a cada ley, ahora hay un bloque doctrinario que vota junto.
Los 49 senadores tampoco son un número cualquiera, ya que son exactamente los tres quintos que exige una enmienda constitucional. La derecha alcanzó la llave de la Constitución, y una amnistía amplia a los condenados del 8 de enero entra sin esfuerzo en ese rango, aunque no antes de febrero, cuando asume el Congreso nuevo. La escena que busca el bolsonarismo, padre e hijo subiendo juntos la rampa del Planalto el 1 de enero, depende de una sola puerta y es judicial, el recurso de revisión criminal que tramita el juez del STF Kassio Nunes Marques. Ahí está la paradoja que ordena lo que viene: para esa foto, la derecha necesita algo del tribunal al que se propone disciplinar.
La presión sobre la Corte corre en paralelo. Destituir a un ministro exige dos tercios del Senado, es decir 54 votos, y el bloque orgánico de derecha tiene 49. Faltan cinco, pero relevamientos realizados en la Cámara Alta cuentan 54 senadores favorables a abrir un proceso, un número que cierra demasiado justo como para darlo por hecho. Aun así, el desenlace no será el choque frontal que casi todos anticipan. La Corte llega a la pulseada en su peor momento desde 1988, con el caso de corrupción del Banco Master fracturando la cohesión interna que era su verdadero blindaje. Su primer movimiento será de resistencia y el segundo de negociación, porque el mismo Senado que amenaza con el impeachment es el que confirmará a los cuatro nuevos ministros que ocupen las vacantes del próximo período, y quien controla las confirmaciones define el tribunal por dos décadas.
El punto de llegada probable es un gran acuerdo de pacificación, con amnistía amplia sin obstrucción judicial y eventualmente, la salida negociada de la figura más expuesta a cambio de blindar a la institución.
Todo eso, que en Buenos Aires se lee como folklore institucional brasileño, es la condición de posibilidad de lo que viene después. Un presidente con 276 diputados, 49 senadores, trece gobernadores y una Corte pacificada tendría la plataforma de gobernabilidad más amplia desde la redemocratización.
Y el plan que piensa el candidato ganador es ambicioso, con una reducción fuerte del déficit fiscal como ancla, una reforma administrativa para achicar el Estado, un programa de privatizaciones, la profundización de la reforma tributaria ya iniciada y una apertura comercial decidida. El perfil económico de la nueva gestión recoge la visión de Paulo Guedes, el exministro que en el gobierno anterior nunca tuvo el Congreso para ejecutarla y que esta vez lo tendría.
La pata regional de ese programa es la que nos toca de cerca. Un Brasil en ese registro empuja la baja del arancel externo común, la discusión que el Mercosur viene postergando desde hace quince años, y acelera los acuerdos del bloque con otras regiones. Y abre la puerta a algo que hasta ahora fue tabú, la autonomía de cada socio para negociar con terceros mercados sin esperar al conjunto. Para la Argentina no es un detalle técnico, porque durante dos décadas la limitación brasileña fue el argumento que clausuraba cualquier discusión sobre flexibilización.
Más que la suma de las partes
El beneficio para el gobierno de Javier Milei es directo. Significa más velocidad en la integración al mundo, más libertad para negociar acuerdos de segunda generación, esos que ya no discuten solo aranceles, sino servicios, compras públicas, estándares regulatorios y propiedad intelectual, y un alineamiento más cómodo para el ingreso a la OCDE. También facilita la participación argentina en los foros multilaterales que impulsa Estados Unidos, como el Escudo de las Américas contra el crimen organizado y el terrorismo, donde tener a Brasil adentro cambia el peso de la iniciativa.
Está además el canal financiero, que fue el primero en expresarse. La curva de tasas futuras brasileña cayó unos cien puntos básicos el lunes posterior a la elección, lo que representaría unos 66.000 millones de reales ahorrados en el servicio de la deuda si ese nivel se sostiene. Pero no se agota ahí, porque cuando la principal economía de la región genera expectativas de superávit primario robusto cae la percepción de riesgo sistémico sudamericano, y eso comprime el riesgo país argentino sin que hagamos nada. Es el componente regional de nuestra prima de riesgo, el que no depende de nuestras reformas sino del barrio donde están ubicadas.
Conviene dimensionar lo extraordinario de la situación. En las últimas cuatro décadas, cada vez que la Argentina intentó un programa de estabilización y apertura Brasil estaba en otra cosa, y cada vez que Brasil avanzó con reformas de mercado la Argentina venía de una crisis o entraba en una.
Esa falta de coordinación explica buena parte de por qué el Mercosur terminó siendo una unión aduanera imperfecta. Un ciclo ortodoxo simultáneo en Buenos Aires y Brasilia es un hecho raro en nuestra historia económica, y para el inversor extranjero vale más que la suma de las partes.
Un fondo no evalúa países aislados, arma una tesis regional y después la distribuye. Dos gobiernos con agendas compatibles en lo fiscal y lo comercial achican el riesgo de que un cambio de signo político del otro lado de la frontera invalide la inversión hecha de este lado, y esa correlación es la que en energía, agroindustria y minería define si un proyecto llega a comité o se queda en carpeta.
Durante dos décadas, el argumento para no avanzar fue siempre el mismo, que Brasil no estaba dispuesto. Ese argumento se terminó el 4 de octubre. A partir de ahora, lo que la Argentina no consiga en materia de apertura, acuerdos de segunda generación o integración a los foros del mundo desarrollado no va a poder explicarse por el socio mayor del bloque. Va a tener que explicarse por nosotros.
El autor es director de Abeceb
