La compañía de agricultura biotecnológica Moolec Science SA convocó a una asamblea para que sus accionistas voten su liquidación voluntaria bajo la Ley de Sociedades de las Islas Caimán. En diciembre de 2022, la firma, entonces controlada por el Grupo Bioceres y conducida por Gastón Paladini, llegó a ser considerada un unicornio al superar un valor de mercado de US$1000 millones. El directorio propone avanzar con el cierre formal de la sociedad y nombrar a dos liquidadores de Interpath, según una tarjeta de poder enviada a los accionistas.
El directorio recomienda aprobar la propuesta, según el formulario de poder distribuido a los accionistas al que accedió LA NACION. La convocatoria se conoce después de la quiebra de Bioceres SA, la sociedad que fundó el grupo argentino, y en medio de una denuncia contra sus directivos por presuntas maniobras de lavado de activos.
Moolec pasó a ser controlante indirecta de Bioceres SA en junio de 2025, mediante una reorganización societaria instrumentada con un canje de acciones. Los accionistas de Bioceres Group entregaron sus participaciones en el holding a cambio de acciones de Moolec, que pasó a ser dueña del 100% de esa sociedad, según la estructura societaria informada ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). Como Bioceres Group tenía el 89,93% de Bioceres SA, la operación dejó a la compañía argentina bajo el control indirecto de Moolec. Así quedó reorganizado el entramado que anteriormente tenía al Grupo Bioceres como accionista relevante de Moolec.
La reunión será virtual y se realizará el 20 de octubre, a las 9, hora del este de Estados Unidos. Plantea designar a Cassandra Ronaldson y Amiel Gottlieb, de Interpath (Cayman) Limited, como liquidadores voluntarios conjuntos, con facultades para llevar adelante el proceso. Moolec Science cotiza en el Nasdaq, en Nueva York, bajo el símbolo MLEC. La última cotización disponible de Moolec (MLEC) es US$1,65 por acción, con una caída del 8,33% respecto del cierre anterior.
Paladini se desempeñó hasta el 22 de abril de 2025 cuando se realizó la combinación de Bioceres SA.
Los accionistas deberán pronunciarse, además, sobre la conservación de los libros y registros durante cinco años después de la disolución y su posterior destrucción. Una propuesta autoriza a aplazar la asamblea para continuar solicitando poderes de voto si no se reúne respaldo suficiente. La liquidación todavía debe ser sometida a la decisión de los accionistas: el formulario acredita la convocatoria y la recomendación del directorio, pero no su aprobación.
Para una fuente consultada, que pidió reserva de su identidad, la novedad tiene especial relevancia para los socios originales de Bioceres SA, la empresa fundada en 2001 por productores argentinos. Según su interpretación, esos accionistas perdieron la totalidad de su inversión después de la operación que los vinculó con Moolec, impulsada, indicó, por directivos de Bioceres. El documento de convocatoria no cuantifica esas pérdidas ni informa si habrá un remanente para los accionistas.
La misma fuente consideró que la eventual liquidación no tendría impacto sobre Bioceres Crop Solutions, conocida por su identificación bursátil BIOX. “No creo que tenga un impacto”, señaló.
En marzo pasado, representantes de la “exBioceres SA” sostuvieron que, tras la quiebra, Moolec había dejado de ser su controlante y que la situación financiera se había originado antes de la combinación. También atribuyeron la solicitud de quiebra al nuevo directorio, asumido en diciembre de 2025 bajo la gestión del empresario uruguayo Juan Sartori.
Moolec reunía un portafolio de participaciones valuado en más de US$160 millones en negocios de semillas, ingredientes y biotecnología en la Argentina, Estados Unidos y Europa. Incluía empresas dedicadas al acondicionamiento y la producción de semillas, la elaboración de proteínas vegetales, el desarrollo de cultivos capaces de producir proteínas animales y la fermentación de precisión.
Uno de sus desarrollos más conocidos fue Piggy Sooy, una soja modificada para producir proteína de cerdo. En abril de 2024, la compañía anunció una aprobación del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS), dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Según la información empresarial difundida entonces, había alcanzado una proporción de proteína porcina de hasta el 26,6% sobre el total de proteína soluble de las semillas, cuatro veces lo inicialmente proyectado.
La nueva convocatoria también se cruza con el frente judicial abierto contra los directivos de Bioceres SA. El empresario rosarino Sergio Airoldi, socio gerente de AIR SRL, presentó una denuncia ante la delegación local de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con el patrocinio de los abogados Froilán Ravena y Renzo Biga. Según el relato de Airoldi, entre abril y julio de 2024 su empresa invirtió US$2 millones en pagarés bursátiles emitidos por Bioceres SA en el Mercado Argentino de Valores. Afirmó que solo cobró un primer vencimiento de US$250.000 y que quedó un saldo impago de US$1,75 millones. La denuncia apunta a determinar si hubo ocultamiento de la situación financiera de Bioceres SA y desvío de los fondos captados hacia otras sociedades del grupo.
