El Gobierno tomó nota. Para algunos aliados, a medias. En busca de avanzar con una de sus banderas políticas más recientes, el oficialismo introdujo significativas modificaciones en lo que refiere a las sanciones a las empresas extranjeras, después de la exigencia de Washington a la Casa Rosada, blanqueada por los dos funcionarios norteamericanos que desembarcaron en el país la semana pasada.
Así, el bloque libertario logró avanzar con el dictamen de su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como “Ley Malvinas”, con 60 firmas y el respaldo de sus aliados de Pro y la UCR. Entre los firmantes del partido amarillo destacan Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. También hicieron lo suyo legisladores de Provincias Unidas y Argentina Federal, que acompañaron en disidencia.
Es que la discusión en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, quedó fragmentada y esto se materializó en los otros cinco dictámenes presentados por el resto de los espacios.
Así, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 38 firmas en el que volvió a explictar su rechazo a todos los apartados que no refieren a la causa Malvinas, es decir los siete restantes. Aún así, desde la bancada que conduce Germán Martínez cuestionaron en duros términos las concesiones realizadas en el título I que delimitan el alcance sancionatorio de las empresas extranjeras.
En el caso de Provincias Unidas, el bloque que conduce Gisella Scaglia volvió a dejar en evidencia la su propia interna y quedó dividido en tres. Sergio Capozzi (Santa Fe), respaldó la iniciativa oficialista, mientras que los santafesinos José Nuñez y Pablo Farías lo hicieron en disidencia. En cambio, Carlos Gutiérrez, Pablo Juliano y Estaban Paulón presentaron uno de minoría.
Los distintos espacios cuestionaron la falta de precisiones en el título XII, referido a la injerencia extranjera, que en su versión original establecía penas de hasta 12 años de prisión para quienes, “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masivas”.
Si bien el apartado fue sujeto a varios ajustes y dejó afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el antiguo capítulo VI, en particular, en lo referido a las “campañas de desinformación”, hay quienes dentro de los bloques piden mayores precisiones para asegurar la libertad de expresión.
En concreto, exigen cambios al actual titulo XII de fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Una vez más, desde las huestes libertarias admitieron que así como está, no saldrá en el recinto. Es por eso que aclaran que sumarán modificaciones para asegurarse el aval del capítulo.
Según anticiparon a LA NACION fuentes parlamentarias, el objetivo es llevar el debate al recinto el próximo 12 de noviembre, un día después de la partida del papa León XIV, junto con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción en el Senado.
Entre otros cambios significativos a la iniciativa original, que Milei había presentado con bombos y platillos en cadena nacional, figura la incorporación del Ministerio de Seguridad al Consejo de Seguridad Nacional.
Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados semanas atrás, se ratificó la comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.
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