Mientras el Gobierno trabaja en un proyecto para una nueva ley de semillas, la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia) pidió que los semilleros multiplicadores sean convocados a la discusión. La entidad, que reúne a seis cámaras regionales, hizo el reclamo al presentar una campaña nacional para promover el uso de semilla fiscalizada.
“El Gobierno dice que está hablando con los semilleros y los productores, pero con quien realmente está hablando es con los obtentores, que son los generadores de la genética”, señaló Gabriel González, presidente de Fedia en un documento.
Cabe destacar que desde hace meses, el Gobierno convocó a las entidades que representan a los productores agropecuarios y a la industria semillera, integrada por la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) a que lleguen a un acuerdo. A lo largo de los encuentros, la discusión se centró en el uso propio y, en particular, en qué productores deberían pagar por volver a sembrar semillas de su cosecha de soja, por ejemplo, y cuáles quedarían exceptuados conforme con la cantidad de hectáreas.
“Como semilleros multiplicadores tenemos que ser parte de la mesa de análisis y debate, ya que tomamos riesgos y somos los que garantizamos la distribución. Somos la conexión entre los obtentores y el productor. Y hoy no estamos siendo parte de la discusión”, agregó el directivo.
La federación planteó que en la mesa deben participar el Gobierno, los obtentores, los multiplicadores y los productores. En la cadena semillera, los obtentores desarrollan las variedades, mientras que los multiplicadores producen la semilla a escala, la acondicionan y la comercializan en bolsas certificadas.
“El riesgo agronómico para producir semilla es muy alto”, sostuvo Pablo Bertone, vicepresidente de la entidad. “Queremos reconocer al obtentor, pero en una ley de semillas tienen que sentarse todos los eslabones de la cadena para encontrar un punto de equilibrio para que el sistema funcione”, afirmó. También planteó que, para mejorar la productividad, se necesitan mayores volúmenes y menores costos.
Según datos del Instituto Nacional de Semillas (Inase) que citó la federación, el uso de semilla fiscalizada en soja fue del 19,16% en la campaña 2025/26. Diego Villafañe, integrante de la Cámara de Distribuidores de Agroquímicos de Tucumán (Cadiat), señaló que, según la comparación que maneja la entidad, la adopción de semilla certificada supera el 70% en Brasil y el 90% en Estados Unidos. “Cerrar esa brecha nos permitirá dar un salto de competitividad y potencial productivo”, dijo.
Los presidentes de las seis cámaras que integran Fedia defendieron el uso de semilla fiscalizada por sus beneficios comerciales y ambientales. Mariano Malmierca (Cadiat), Diego Napolitano (Cedasaba), Luis Mulatero (Cepia), Horacio Fernández (CEPIAL), Nicolás Zazu Valle (Cedasac) y Daniel Merlo (CeaMen) coincidieron en que su uso “garantiza un mercado transparente de calidad y legal” y “asegura procesos sanos y trazables que cuidan la sustentabilidad de los suelos a largo plazo”.
En medio de las conversaciones que lleva adelante el Gobierno para elaborar un proyecto de ley de semillas, Fedia advirtió que las cámaras que representa quedaron fuera de las negociaciones. La federación señaló que los semilleros multiplicadores y distribuidores ocupan un lugar intermedio en la cadena.
Bajo el lema “Semillas fiscalizadas, seguridad y calidad desde el origen”, la campaña se difundirá en las redes sociales de Fedia y de sus seis cámaras. La iniciativa busca mostrar cómo se produce la semilla, desde la planificación y el seguimiento del cultivo hasta la cosecha, la clasificación y el acondicionamiento final. Según explicó la federación, la fiscalización del Inase permite verificar atributos como la identidad varietal, la pureza física, la sanidad y la calidad fisiológica.
