La Cámara de Diputados de la Nación aprobó recientemente un proyecto de ley contra el vandalismo rural, largamente esperado por los sectores productivos, y lo envió al Senado para su sanción definitiva. La iniciativa, que contó con 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, fue impulsada por el diputado Martín Ardohain (Pro) y respaldada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Fundación Barbechando y otras organizaciones agropecuarias.
El proyecto apunta a cubrir vacíos legales y proteger a quienes viven en el ámbito rural, mediante la tipificación de delitos y el agravamiento de las penas.
Detrás de silobolsas destruidas, de animales atacados o de una instalación agropecuaria dañada hay inversión, trabajo y años de esfuerzos personales que pueden ser demolidos en pocos minutos.
Entre otras reformas al Código Penal, el proyecto contempla reprimir con prisión de dos a ocho años y multa de tres a 12 veces el valor del daño causado a quien, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o dañare cereales u oleaginosas, bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquier otra plantación de árboles o arbustos en explotación; ganado de cualquier especie, aves de corral y animales de granja, leña, carbón de leña, alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes.
Asimismo, propicia reprimir con prisión de dos a seis años al que públicamente instigare a cometer aquella clase de delitos y pena con un mes a un año de prisión a quien ingrese sin autorización a un establecimiento rural cercado, pudiendo llegar a dos años si la intrusión obstaculiza sustancialmente la actividad productiva.
La proyectada norma reconoce que el campo argentino, corazón productivo de nuestra Nación, está siendo afectado por modalidades delictivas que la legislación vigente ignora o minimiza, dejando tanto a la producción como a las familias rurales en un estado de absoluta indefensión. Corresponde apoyar esta iniciativa, en tanto permitirá adecuar y actualizar las normas penales para enfrentar una problemática que daña el tejido social y económico, y seguir avanzando hacia una mayor protección de quienes, por vivir alejados de los centros urbanos, pueden ser blanco fácil de delincuentes.
