La Justicia de San Juan responsabilizó al banco por no detectar una transferencia sospechosa de casi $5 millones. La Cámara Civil confirmó la condena y aplicó además una millonaria multa por las fallas en el sistema de seguridad y por la respuesta que recibió la clienta después de denunciar el fraude.

Una transferencia millonaria que el sistema bancario no detectó, una cuenta prácticamente vaciada y un reclamo que terminó en los tribunales. Ese es el origen de un fallo que marca un fuerte precedente en San Juan y que podría terminar costándole al ICBC casi $119 millones, más los intereses que correspondan.

El caso comenzó el 25 de mayo de 2024, cuando una mujer ingresó al homebanking del banco desde su teléfono para continuar pagando distintos servicios. Buscó la página del ICBC a través de Google, ingresó sus datos y, poco después, apareció en pantalla un supuesto mensaje de error.

La situación parecía un inconveniente técnico. Pero cuando volvió a ingresar a su cuenta descubrió algo mucho más grave: le habían transferido $4.950.000 sin autorización.

El dinero había sido enviado a una cuenta de Claro Pay y la maniobra se produjo mediante un ataque de phishing, una modalidad en la que los delincuentes utilizan páginas o sitios falsos para obtener las credenciales de sus víctimas.

Una transferencia que debía encender las alarmas

La mujer denunció inmediatamente el hecho ante la Policía y la Fiscalía. También inició un reclamo ante Defensa del Consumidor y, ante la falta de una solución, terminó llevando el caso a la Justicia.

El argumento central de los tribunales fue contundente: el banco tenía la obligación de contar con mecanismos capaces de detectar operaciones fuera de lo habitual.

La Justicia consideró especialmente llamativo que se hubiera realizado una transferencia por casi $5 millones hacia otra cuenta, mientras que la operación aparecía vinculada a una dirección IP ubicada en Colombia.

Para los magistrados, el ICBC debía contar con herramientas de prevención y monitoreo que permitieran advertir ese tipo de movimientos.

El reclamo también terminó complicando al banco

Pero el problema para el ICBC no quedó limitado al momento del ciberataque.

Después de que la clienta reclamara por el dinero perdido, la entidad fue modificando progresivamente sus propuestas de devolución.

Primero ofreció devolver el 25% del dinero. Luego elevó la propuesta al 50% y posteriormente al 90%. Finalmente llegó a ofrecer la restitución completa del capital, aunque sin contemplar los intereses.

Para la Justicia, esa conducta también fue relevante a la hora de establecer la responsabilidad del banco.

Los magistrados consideraron que la entidad no brindó una respuesta eficaz una vez que tomó conocimiento del fraude y que la mujer tuvo que atravesar distintas instancias administrativas y judiciales para intentar recuperar su dinero.

La condena que puede superar ampliamente los $119 millones

En primera instancia, la Justicia había establecido una indemnización de $11.950.000.

La Cámara Civil confirmó esa decisión y agregó una sanción económica equivalente a 65 Canastas Básicas Totales para un Hogar Tipo 3.

Tomando como referencia el valor informado por el INDEC, esas 65 canastas representan aproximadamente $106,9 millones. Sumados a los $11,95 millones de la condena original, el monto estimado llega a $118.922.905.

Y hay un dato importante: esa cifra todavía no es definitiva.

El monto final deberá establecerse cuando se liquide la sentencia y se incorporen los intereses correspondientes. En consecuencia, la suma que finalmente deba pagar el banco podría ser considerablemente mayor.

Un fallo que pone la seguridad bancaria bajo la lupa

La resolución de la Sala III de la Cámara Civil, que confirmó el fallo de primera instancia, establece un criterio relevante para futuras situaciones similares.

El mensaje de la Justicia es claro: la seguridad de las cuentas bancarias no puede quedar exclusivamente en manos del usuario.

Las entidades financieras deben implementar controles que permitan identificar movimientos inusuales, prevenir operaciones fraudulentas y actuar rápidamente cuando se detecta una maniobra sospechosa.

En este caso, los tribunales entendieron que esos controles no fueron suficientes y que el banco tampoco respondió de manera adecuada una vez denunciado el fraude.

Por eso, lo que comenzó con una transferencia de $4,95 millones podría terminar convirtiéndose en una condena de más de $119 millones, con intereses incluidos.