El oficialismo avanzó esta tarde con la media sanción del proyecto de ley “Hojarasca”, orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad. Obtuvo 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones tanto para su aprobación en general como en particular.
La propuesta fue acompañada por Pro, la UCR, el MID, Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal y parte del bloque Provincias Unidas, que se dividió en apoyos, rechazos y abstenciones. Unión por la Patria y la Izquierda la rechazaron, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) se mantuvieron prescindentes.
“Le estamos sacando a los argentinos regulaciones, impuestos y tasas que lo único que hacen es poner obstáculos para que los argentinos puedan progresar”, sostuvo Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, al defender el proyecto.
Previamente, Germán Martínez (Unión por la Patria) cuestionó en duros términos la propuesta oficial. Dijo que las derogaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo apuntan a desmantelar sectores estratégicos del Estado y eliminar mecanismos de protección para actividades productivas nacionales.
“Van desarmando barreras de protección de industrias y actividades estratégicas de la Argentina”, afirmó. También advirtió sobre un eventual avance privatizador sobre empresas como ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina. “Quieren liquidar empresas estratégicas para la defensa, la ciencia y la tecnología”, sostuvo.
La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, deberá ser girada al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto, de solo diez artículos, condensa en el primero la derogación de medio centenar de leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes hasta ahora vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado.
Los funcionarios de la cartera que conduce Sturzenegger, como Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, argumentaron en Diputados que muchas de esas normas quedaron obsoletas porque fueron superadas por cambios regulatorios posteriores y por el avance tecnológico o el paso del tiempo.
Algunas de ellas rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona.
Sin embargo, el paquete incluyó algunas leyes cuya derogación generó resistencia entre los legisladores y que el oficialismo, ante la presión de las bancadas, debió ceder.
Así, decidió dar marcha atrás con la ley 20.959 que otorga una credencial de libre circulación a los diputados y senadores nacionales.
La ley “Hojarasca” recibió críticas de la oposición más dura al gobierno de Javier Milei. Por caso, el diputado kirchnerista Jorge Taiana resaltó tres normas que a su juicio no deberían caer.
Taiana habló específicamente de la ley 20.496 de promoción de fertilizantes, que según su criterio “constituye una cuestión fundamental para la producción agropecuaria”; la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos; y la ley 22.426 de Transferencia de tecnología.
Es decir, se puso el foco especialmente en la derogación de normas bajo el argumento oficial de una mayor desburocratización.
Una de ellas es ley 19.363 (1971) que permite al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sortear premios entre los compradores de boletos de cine. Para financiar ese sorteo se establece un impuesto a la industria, lo que encarece el precio de las entradas, cuestiona el Poder Ejecutivo.
También la ley 25.750 (2003) -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- que establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.
Por último, la ley 26.688 (2011) que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. Según el Gobierno, la reglamentación de la ley no impone acciones concretas.
