La juez federal María Servini será el responsable de investigar las denuncias contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la cripto $LIBRA. En menos de 48 horas, más de un centenar de acusaciones por diversos delitos, se radicaron en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal que tendrá la decisión de imputar o no al Jefe de Estado, es Eduardo Taiano.
La Cámara Federal porteña realizó esta mañana el correspondiente sorteo de las más de 100 denuncias radicadas en contra del Jefe de Estado después de la promoción que realizó de la criptomoneda que terminó siendo una estafa para una gran cantidad de damnificados.
Con la utilización del bolillero y de manera pública, la Cámara realizó el sorteo después de las 9.30 para asignar magistrado a la primera denuncia radicada en Comodoro Py. Es en el juzgado de María Servini donde las causas se acumularán con la intervención del fiscal Taiano.
¿Qué dice la primera denuncia?
El Observatorio del Derecho de la Ciudad fue el primero en radicar la denuncia que abrió el camino a un centenar de acusaciones que se acumularon en Comodoro Py.
“Denunciamos que Milei formó parte de una Asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”, sostiene el escrito.
Según sostiene la denuncia, la presunta mega estafa calificada como «la más grande de la historia en este rubro, se realizó a través de una operación conocida como “Rugpull” que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor».
Al continuar con la explicación del escrito, detalla: «luego se retiran abruptamente y toman el dinero».
En el planteo judicializado refiere que «cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal».
La denuncia penal fue presentada por Jonatan Baldiviezo (Abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (Abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), María Eva Koutsovitis (Ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y Claudio Lozano (Economista presidente de Unidad Popular).
El viernes a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol, que en teoría iba a dedicarse a financiar a pymes argentinas. Para ese entonces dicha moneda tenía un valor de US$ 0,000001, valor que ascendió a US$ 5,20 tras la promoción del Jefe de Estado.
Después comenzó el escándalo: con una cantidad requerida de inversores, la cripto se derrumbó dejando a una enorme cantidad de damnificados. La caída habría sido cercana al 90%.
Las repercusiones locales en el ámbito político fueron diversas. El kirchnerismo pidió el juicio político contra Javier Milei. Se pidió investigar, además, un posible delito de abuso de autoridad, como también una presunta estafa.
Mientras la Oficina Anticorrupción que dirige Javier Melik, iniciará este lunes una investigación para determinar si el Jefe de Estado cometió una violación a la Ley de Ética Pública, en Comodoro Py será el Ministerio Público Fiscal el que determine si hay elementos suficientes para dar inicio a un expediente judicial.
En las diversas presentaciones realizadas por dirigentes políticos como por abogados particulares, se acusa al presidente Milei de estafa, de fraude, como también del delito de negociaciones incompatibles, incluso una de las denuncias le atribuye la participación en una asociación ilícita.
Es el fiscal del caso el responsable de decidir si impulsará la acción penal, esto es: imputarle al presidente de la Nación alguna de las acusaciones vertidas en los cientos de escritos presentados a lo largo del fin de semana.
