Nucleadas en la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que preside la ombudsman porteña María Rosa Muiños, calificaron de “claramente restrictiva” la norma del Gobierno.
Además, sostuvieron que es “regresiva” la definición de información pública contenida en la iniciativa oficial, especialmente cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas.
Y cuestionaron la inclusión de nuevos requisitos para la presentación de pedidos por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
Las Defensorías solicitaron que se revea la medida, “dado que resulta preocupante, en términos institucionales, que se avance en dirección de limitar un derecho que es fundamental y que sirve de sustento al funcionamiento de las sociedades libres y democráticas”.
Puntualizaron que las modificaciones establecidas por el decreto que lleva las firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “obstaculiza el uso de la herramienta y acota de manera grosera los datos que están obligadas a suministrar las personas en ejercicio de funciones públicas, desvirtuando el sentido de la ley vigente y los estándares internacionales que plantean como principio la máxima divulgación”.
Los ombudsman advirtieron también que el decreto “implica una injerencia indebida sobre las competencias de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que debilita su carácter autárquico y su autonomía funcional”.
