El relanzamiento de los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) en 2024 incorporó un cambio clave que podría explicar cómo algunos funcionarios del gobierno de Javier Milei accedieron a préstamos por montos superiores a los límites previstos para la línea a la que accede el resto del público.
El análisis de estos créditos en términos de UVA —la unidad que preserva el valor real de los préstamos— sugiere que, en varios casos, los montos se encuadran dentro de una línea específica destinada al sector público, que habilita niveles de financiamiento más elevados.
El programa +Hogares fue lanzado en mayo de 2024 y ofrece préstamos en UVA —ajustados por inflación a través del CER—, con cuotas bajo el sistema francés y plazos de hasta 30 años. La tasa nominal anual ronda el 6% para vivienda única, dentro de determinados parámetros —las más competitivas del mercado local—, y se ubica cerca del 12% en otros casos, según el destino del crédito y el valor de la propiedad.
La línea general establece un financiamiento de hasta el 75% del valor del inmueble, con topes de 157.500 UVA y de hasta 260.000 UVA en los segmentos más altos. Al valor actual de la UVA —en torno a $1870—, esos límites equivalen aproximadamente a $295 millones y $486 millones, respectivamente.
Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el banco lanzó la línea +Hogares Sector Público, con el objetivo de retener a los empleados estatales que ya no estaban obligados a cobrar sus haberes en la entidad. Esta variante permite financiar hasta el 90% del valor de la propiedad y fija topes más elevados: hasta 189.000 UVA y 315.000 UVA. A valores actuales, esto representa montos cercanos a $350 millones y superiores a $580 millones.
Fuentes del BNA dijeron a LA NACION que la línea sigue vigente y no hubo cambios en la elegibilidad. También reconocieron que en aquel momento se incluyó a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, lo que abrió la puerta a un universo más amplio que el de los empleados públicos.
En ese marco, algunos de los créditos otorgados a funcionarios parecen ubicarse en esta línea destinada al sector público. Es el caso de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyo préstamo asciende a unas 276.000 UVA —alrededor de $373 millones al momento de su otorgamiento, en febrero de 2025—, por encima del tope máximo de 260.000 UVA de la línea general.
“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede acceder cualquier persona apta”, sostuvo Núñez. Y agregó: “Elegimos el Banco Nación porque cobramos el sueldo ahí, somos clientes y ofrecía la tasa más competitiva del mercado”.
Una situación similar se observa en el caso de Pedro Inchauspe, director del Banco Central, cuyo crédito alcanza aproximadamente las 302.000 UVA —unos $510 millones—, también por encima del límite previsto para la línea general.
Otro caso es el del secretario de Finanzas, Federico Furiase, que ronda las 236.000 UVA (unos $367 millones). Está cerca del máximo permitido de la línea general. En una situación similar aparecen otros créditos que se aproximan a las 250.000 UVA, en el límite superior de esa línea.
Según datos oficiales, el Banco Nación ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios. De ese total, unos 11.200 corresponden a empleados del sector público, entre los que se encontrarían funcionarios y legisladores con préstamos de hasta más de $500 millones.
La situación derivó en pedidos de informes en el Congreso y en denuncias ante la Justicia federal impulsadas por la oposición. Desde el Gobierno, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron la operatoria y aseguraron que no hubo irregularidades.
Caputo incluso afirmó que recomendó a funcionarios acceder a estos créditos. En el banco, en tanto, remarcan que no existió una “ventanilla” especial y que todos los préstamos se otorgaron bajo condiciones objetivas, previstas dentro de la estructura del programa +Hogares.
No obstante, en el sector financiero sostienen que la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor del inmueble constituye una decisión poco habitual.
En términos generales, los bancos suelen prestar hasta el 75% del valor de la propiedad, un estándar que se consolidó tras la crisis de las hipotecas subprime en EE.UU. Durante ese episodio, que ocurrió entre 2007 y 2008, las entidades llegaron a financiar incluso más del 100% del valor de las viviendas, lo que amplificó su exposición al riesgo. Cuando los deudores dejaron de pagar, los bancos quedaron vulnerables no solo por la morosidad, sino también ante eventuales caídas en el precio de los inmuebles.
Esta flexibilización se entendería en el contexto en que se implementó la medida, tras la publicación del decreto 747/2024. En ese momento, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que el objetivo era incentivar la competencia entre entidades financieras por las cuentas sueldo de los trabajadores estatales.
