Las complicidades del Estado fueron el combustible necesario para que bandas narco poco sofisticadas, rústicas y marginales se transformaran en una amenaza para la sociedad. Como ocurre en Brasil con el Primer Comando Capital -hoy convertido en el grupo más poderoso y consolidado de América Latina-, las prisiones se transformaron en lugares “seguros” para delincuentes. Gozan allí de la protección de un Estado que aporta su infraestructura y convierten lo que debería ser un lugar de condena y reclusión en verdaderas usinas del crimen.
Entre nosotros, en agosto de 2021, el fiscal rosarino Franco Carbone pidió una requisa en la celda de Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, en el penal federal de Marcos Paz. Los investigadores se toparon con que este narcotraficante tenía allí un escritorio con un teléfono fijo para su uso exclusivo. Esta inconcebible situación permitía que el jefe del clan narco ordenara, por ejemplo, balear los edificios judiciales y las residencias de los magistrados que debían decidir si confirmaban sus condenas.
Unos meses después, se detectó que Cantero había conseguido en el mismo penal nuevos privilegios: pasó a contar con un celular de alta gama, con conectores y baterías varias. Esta situación llevó a que, en marzo pasado, el juez federal Carlos Vera Barros pidiera la indagatoria de la exinterventora en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós, luego de una investigación que llevaron adelante los fiscales Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, quienes razonablemente consideraron que existió una “complicidad estructural de las autoridades” con los jefes narcos. En estos tiempos, un teléfono inteligente es mucho más que un simple aparato para hablar. Los mensajes encriptados de distintas aplicaciones logran sortear las intervenciones telefónicas e incluso evitar que sean detectados en los peritajes de las fuerzas de seguridad, con tecnologías que hoy no posee nuestro país.
La complicidad es clave para que una banda delictiva conserve su poder, no solo para seguir operando criminalmente, sino para ordenar desde el presidio el violento sometimiento de víctimas
Este esquema de complicidad es clave para que una banda delictiva conserve su poder, no solo para seguir operando criminalmente, sino para ordenar desde el presidio el violento sometimiento de víctimas.
Durante un juicio realizado estas semanas en Rosario se planteó un interesante debate. Los acusados son integrantes de la banda del narco Francisco Riquelme, hoy alojado en un penal federal, quien ordenó desde la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, decenas de crímenes perpetrados en la zona oeste de la ciudad. En medio de fuertes medidas de seguridad, el 30 del mes último, el tribunal integrado por Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu, dictó 12 condenas a prisión perpetua contra integrantes de esta organización criminal. Dicha organización tributaba para Esteban Alvarado, uno de los narcos más poderosos de Rosario, protegido del exjuez federal Marcelo Bailaque, hoy preso en su domicilio y a punto de ser juzgado por corrupción y connivencia con el narcotráfico.
Los fiscales demostraron en el juicio que, entre 2021 y 2023, los acusados usaban la cárcel de oficina. A este respecto, el diputado Carlos Del Frade presentó un pedido de informes en la Legislatura de Santa Fe para que el gobierno provincial aclare si, durante ese período, gobernado fundamentalmente por el peronismo, existieron mecanismos de pago de sobornos a funcionarios y empleados del Servicio Penitenciario provincial, que permitieron a determinados reclusos acceder a ventajas, comodidades o facilidades dentro de ese establecimiento penitenciario.
El narco Francisco Riquelme ordenó desde la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, decenas de crímenes perpetrados en la zona oeste de la ciuddead
En el juicio, el argumento de la abogada Antonela Travesaro, defensora del acusado e integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, planteó que admitir que Riquelme dirigía las maniobras criminales desde un penal era reconocer una falla estructural del sistema carcelario para que determinadas acciones se desarrollaran con tolerancia o permisividad estatal. “Acá también debería estar dando explicaciones quien fue el director de [la cárcel de] Piñero, y el responsable político”, recriminó.
El trasfondo del reclamo excede el caso puntual de Riquelme. Para Del Frade se vuelve a poner en debate un interrogante central: qué mecanismos permiten que organizaciones delictivas logren mantener capacidad operativa desde el interior de las prisiones. Mediante publicaciones periodísticas y testimonios de investigadores los engranajes informales de recaudación dentro de los penales, en un universo conocido como los “kioscos”, hacen posible desde el acceso a determinados elementos hasta beneficios de convivencia sujeto al pago de dinero según reglas no escritas. Fuentes consultadas en esas investigaciones describen al Servicio Penitenciario provincial como un ámbito hermético, de difícil acceso para el control externo y con fuertes obstáculos para conocer qué ocurre puertas adentro.
Una comunicación atribuida a internos y citada en la presentación de Del Frade refiere que algunos detenidos habrían abonado sumas de entre 300.000 y 1.000.000 de pesos por los favores del personal penitenciario.
Las maniobras investigadas en el juicio se ubican entre 2021 y 2023, años de violencia extrema en Rosario, con una tasa de homicidios que llegó en 2022 a 20 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Con la creación de pabellones de alto perfil y medidas extremas de detención, las políticas en el plano penitenciario a partir de 2023 buscaron neutralizar ese foco mafioso que se había consolidado en los penales.
La respuesta narco llegó en marzo de 2024 cuando bandas unidas contrataron a menores de edad como sicarios para matar al azar a cinco trabajadores. Frente a lo que los gobiernos nacional y provincial calificaran de “narcoterrorismo”, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, impulsó la construcción de una nueva cárcel que se inaugurará en mayo de 2027. Esa nueva infraestructura —que el gobierno llama El Infierno— servirá para alojar a más de 1150 internos de alto perfil, como sicarios y narcotraficantes.
Una nueva cárcel alojará desde mayo de 2027 a más de 1150 internos de alto perfil, como sicarios y narcotraficantes
Detener la expansión del crimen organizado obliga a reforzar los controles del Estado para evitar complicidades dentro de los entes gubernamentales que sigan dotando a estos peligrosos grupos de una sofisticación que en sus orígenes no poseen.
