El enfrentamiento entre Pro y La Libertad Avanza sigue levantando temperatura en Ciudad de Buenos Aires. A las idas y vueltas sobre una cada vez mas lejana posibilidad de que ambas fuerzas vayan a las urnas en el 2025 en una única boleta, se le sumaron las discusiones por el presupuesto porteño y el desdoblamiento de las elecciones, y el fin de semana terminó de estallar una polémica sobre seguridad que enfrentó a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
La discusión entre ambos comenzó cuando la actual ministra de Seguridad de la Nación -y hace poco más de un año candidata presidencial de Pro- responsabilizó al exjefe de Gobierno porteño por haber paralizado las obras de un anexo de la cárcel de Marcos Paz que tenía proyectado alojar a presos de Ciudad de Buenos Aires.
Rodríguez Larreta le contestó, la ministra contraatacó llamándolo «cadáver politico», su ex aliado le pidió a la funcionaria que cumpla con sus responsabilidades, y Bullrich le respondió acusándolo de haber impuesto en la Capital «un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre».
A partir de los dichos de Bullrich, y ante la pregunta de si se están investigando hechos de corrupción en el Gobierno porteño en la administración actual o en las anteriores, Laura Alonso -flamante portavoz del jefe de Gobierno Jorge Macri- recomendó que quien tenga conocimiento de algún ilícito debe llevar las pruebas a la Justicia. En el caso de Bullrich, al ser funcionaria pública, eso sería una obligación.
«Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de corrupción debe denunciarlo donde corresponde y por supuesto el jefe de Gobierno tomará las medidas del caso si se trata de un funcionario de su gestión, y la Justicia lo hará respecto de funcionarios de gestiones anteriores», dijo Alonso durante una entrevista en Radio La Red.
Alonso también aludió a la ministra Bullrich en referencia a que se está conversando con gente de su cartera por un tema que se ha convertido en crítico para la administración porteña: los presos alojados en comisarías de la Ciudad, donde se han producido varias fugas que llevaron al descabezamiento de la Policía local.
«Con la ministra de Seguridad se ha avanzado en conversaciones importantes en el caso particular del traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la Ciudad de Buenos AIres, que no tiene servicio penitenciario. Esas conversaciones en materia de seguridad con el Ministerio de Seguridad de la Nación están caminando bien», declaró la vocera.
Pero al mismo tiempo, reconoció que hay varias asperezas entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno porteño.
Aunque aceptó que desde la Casa Rosada «han hecho un esfuerzo por empezar a pagar lo que nos corresponde por coparticipación», la funcionaria destacó que «hay tensiones. Hay 5.000 millones de dólares que la Ciudad de Buenos Aires quiere cobrar porque es lo que corresponde y hay un fallo judicial de la Corte (Suprema de Justicia) que así lo avala. Pero se va avanzando».
