La sindicalista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo de Cristina Kirchner y es dueña de otras propiedades, se presentó ante la Justicia para pedir su sobreseimiento en el marco de la causa que investiga el contrato de la empresa USEM con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la gestión de Abel Furlán.
En ese contexto, Calle admitió la compra del primer piso en San José 1111, algo que había negado ante una consulta de LA NACION, y argumentó que lo adquirió para “una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.
Calle compró el inmueble el 20 de agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal dos le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta. ¿Para qué lo hizo? LA NACION había revelado que durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”. En su presentación judicial, la sindicalista no dio detalles de la supuesta Fundación.
En cambio, le adjudicó otro de sus bienes, un BMW M135 X Drive, a su actual pareja, Federico Darío Monzón, que también adquirió una moto de la misma marca valuada en US$ 20.000.
“Fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, dice el escrito firmado por el abogado Slonimsqui.
Junto a Monzón, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global.
La presentación judicial aclara que esa firma estaba vinculada a “un proyecto empresarial estrictamente privado y familiar” y que “la sociedad no llegó a desarrollar actividad comercial efectiva.
Cuando LA NACION reveló la compra del departamento de San José 1111, Calle negó la operación y hasta una vinculación con la UOM. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, dijo ese día.
Luego se confirmó que fue empleada de la UOM entre abril de 2021 y junio de 2026, cuando fue despedida por decisión del actual interventor, Alberto Biglieri.
Ahora confirmó, también, que era dueña del departamento que negaba.
LA NACION reveló que Calle también es propietaria de un dúplex de unos 170 m2 en el barrio privado La Reserva de Cardales y de una casa de tres plantas en el centro de la ciudad de Campana, justo al lado de un edificio en construcción del sindicato. Solo esas dos propiedades suman al menos US$450 mil dólares, según inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por este medio.
La casa de la calle Belgrano tiene un enorme paredón blanco que no permite ver el interior. Pero las imágenes del drone revelan que tiene varios ambientes, y una terraza con vista al jardín y a la pileta.
Sobre esos bienes, Calle solo dijo que “fueron adquiridos con anterioridad a la constitución de USEM S.A y a la celebración del contrato” con la UOM.
La semana pasada, el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal de Calle y Furlán y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de ambos que incluyen pedidos de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones y hasta la Prefectura Naval.
Esa causa tiene como objeto una presunta administración fraudulenta por el contrato firmado en 2023 entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa USEM, que administró los aportes de los afiliados al gremio. Su ganancia equivalía al 0,5% del total de los fondos administrados (un negocio estimado en $100 millones mensuales, según la denuncia).
La defensa de Calle sostiene que la contratación de USEM “fue una decisión del secretariado general de la UOM” y que la empresa “dispuso de una organización funcional, personal asignado, oficinas, equipamiento y asesoramiento externo destinados a la ejecución del contrato”.
“El contrato no cedió a USEM S.A. la conducción económica de la UOMRA ni le permitió disponer libremente de su patrimonio. Su objeto fue gestionar, dentro del marco del fideicomiso UOMRA-BNA, la apertura y operatoria de cuentas bancarias correspondientes a las seccionales y al Secretariado Nacional, y atender excepcionalmente pagos por cuenta y orden de la entidad cuando ésta lo requiriera”, completa la presentación judicial.
